Santo Domingo RD.- Este 7 de enero es el Día del Poder Judicial en el que el presidente de ese poder del Estado rinde cuenta de las acciones y anuncia planes para 2025

Este 7 de enero encuentra un Poder Judicial sobrecargado de procesos pendientes de ser resueltos y también con cuestionamientos por la política de protección de datos que ha movido reuniones con la Sociedad Dominicana de Diarios.

También, este es el año en que unos cuatro magistrados de Suprema Corte de Justicia; Blas Rafael Fernández Gómez, Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Alfredo Ferrer Landrón, serían evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura debido a que se venció el plazo de siete años por el cual fueron escogidos.

De igual modo, se elegirá al sustituto de Napoleón Estévez Lavandier en la tras su designación como presidente del Tribunal Constitucional.

Si bien la justicia penal no es el área del Poder Judicial que más procesos lleva o solicitudes maneja, no es menos cierto que es la cara visible del sistema de justicia del país, algo evidenciado en el último informe de la World Justice Project (WJP) que sitúa a esta nación en la posición 86 de 142 en cuanto al desarrollo del estado de derecho y en el lugar número 20 entre los 32 países que conforman América Latina y el Caribe.

Los datos disponibles reflejan que en un año, el Poder Judicial recibió más de un millón 200 mil solicitudes tramitadas por fiscales, abogados, personas físicas o jurídicas pero cuando se amplía el rango de tiempo a cuatro años, el dato aumenta a más de cuatro millones.

En materia penal, se estaría hablando de más de cincuenta mil procesos al año lo que se traduce en sobre carga en trabajo y procesos tanto para el Ministerio Público como para la judicatura que en estos últimos años promueve el uso de mecanismos no adversariales para la resolución de conflictos.

Durante su discurso en la audiencia solemne con motivo al Día del Poder Judicial del año pasado, Luis Henry Molina, presidente de ese poder del Estado y de la Suprema Corte de Justicia anunció que de junio de 2019 a la fecha, esa alta corte falló 37,406 recursos de casación, con lo cual dio respuesta al tema de mora judicial que afectaba.

Según cifras, tanto en el nuevo modelo como el tradicional, hay más de 15,000 presos preventivos, un 59.54%, de un total de 26,396 privados de libertad en todo el país.

El año pasado

Al cierre del año 2023, la Suprema tenía 12 casos pendientes de fallo, cuya entrada es previa al año 2023, lo cual equivale a un 0.1% de los 18,357 casos que en el 2020 se encontraban en esa condición. Esa alta corte a pesar de un incremento de un 40% de los casos entrados en sala, logró dar respuesta un 74% de estos, afirmó Molina el año pasado.

Explicó que durante los próximos años se dedicarán a trabajar en torno a tres líneas centrales: la primera, seguir garantizando y fortalecer la integridad institucional del Poder Judicial, para aumentar la confianza y credibilidad en la Justicia y, con ella, contribuir al fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho.

Segunda, asegurar que la transformación que está en marcha avanza a paso firme, hacia una Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Y la tercera será asegurar la construcción conjunta de un modelo de justicia adaptado a los nuevos tiempos: la justicia del futuro.

Anunció la puesta en marcha del Observatorio del Poder Judicial y las nuevas Políticas de Comunicación y de Participación Social.

En lo que respecta al manejo comunicacional del PJ y la estrategia de protección de datos se generó cuestionamientos ya que la resolución aprobada por el Pleno de la Suprema Corte pudiera poner en riesgo el acceso a información por parte de los medios de comunicación y la prensa. A través de un comunicado publicado en los medios de comunicación la SDD manifestó su preocupación y rechazo a la iniciativa.

Esa “Política de Protección de Datos del Poder Judicial busca restringir la publicidad de los juicios establecida en la Constitución y las leyes, limitando el acceso de la prensa a estos procesos. Esto viola el artículo 49 de la Constitución, que consagra el derecho de toda persona a la información”, refirió el comunicado.

Tras esa declaración, el Poder Judicial inició un proceso de diálogo para socializar las iniciativas que la institución está llevando a cabo en materia de comunicación y transparencia. De acuerdo con la entidad, el propósito es identificar recomendaciones de mejoras que puedan ser consideradas por el Pleno.