Washington. - El gobierno de Donald Trump planea imponer multas diarias de hasta 998 dólares a migrantes que permanezcan en Estados Unidos pese a tener órdenes finales de deportación. La medida, según documentos oficiales obtenidos por Reuters, se basa en una ley aprobada en 1996, que fue aplicada por primera vez en 2018 y contempla además la posibilidad de confiscación de bienes a quienes no paguen.
Las sanciones podrían aplicarse de forma retroactiva hasta por cinco años, lo que daría lugar a montos que superen el millón de dólares por persona, de acuerdo con un funcionario del gobierno citado bajo condición de anonimato por Reuters. Esta estrategia apunta a unas 1.4 millones de personas que ya recibieron orden de expulsión por parte de un juez migratorio. Según los mismos documentos, el gobierno también está evaluando usar el poder de la división de confiscaciones civiles del Departamento de Justicia para ejecutar embargos de propiedades.
Las autoridades estadounidenses están presionando a los migrantes en esta situación para que abandonen el país de manera voluntaria mediante la aplicación CBP Home, anteriormente conocida como CBP One. La vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, afirmó en respuesta a Reuters que “si no lo hacen, enfrentarán las consecuencias”. Esto incluye la sanción económica diaria a partir del vencimiento de la orden de deportación.
Aplicación de una ley inactiva por dos décadas
La ley de 1996 sobre multas migratorias había permanecido sin uso práctico durante más de veinte años hasta su primera aplicación en 2018, durante el primer mandato del
gobierno de Trump. En esa ocasión, se intentó imponer sanciones de cientos de miles de dólares a nueve personas refugiadas en iglesias, aunque luego se retiraron. Posteriormente, se ejecutaron sanciones menores, en torno a los
60.000 dólares por persona, según registros judiciales citados por
Reuters.
Cuando Joe Biden asumió la presidencia en 2021, detuvo la aplicación de estas multas y eliminó las políticas relacionadas. La nueva administración republicana, en contraste, busca reactivar y expandir esa herramienta con un alcance mucho mayor. Un memorando interno del CBP revisado por Reuters indica que los sistemas actuales de esa agencia no permiten implementar este tipo de multas, lo que obligaría a realizar actualizaciones costosas y demoradas, incluyendo la contratación de al menos 1.000 nuevos especialistas legales.
En paralelo, correos electrónicos internos muestran que el Consejo de Seguridad Nacional y Stephen Miller, asesor político en la Casa Blanca, están presionando para que CBP administre tanto las multas como las incautaciones. No obstante, un memorando de la agencia fechado el 1 de abril recomienda que sea el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) quien asuma esta tarea.
La medida podría afectar no solo a los migrantes con orden final de expulsión, sino también a sus familias. Un análisis de FWD.us, citado por Reuters, estima que unos 10 millones de migrantes en situación irregular viven en hogares mixtos, donde también residen ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. La ejecución de multas y embargos podría alcanzar bienes compartidos.
La capacidad de pago también es un factor crítico. El Migration Policy Institute, en un estudio basado en datos del Censo de 2019, señala que 26% de los hogares con inmigrantes no autorizados viven por debajo del umbral de pobreza federal, lo que podría dificultar el pago de sanciones de esta magnitud. No se han detallado los mecanismos legales para evaluar la propiedad conjunta o exenciones por ingresos.
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