Santo Domingo RD.. -El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitirá hoy su decisión en el juicio seguido contra altos oficiales militares, policiales y civiles acusados de integrar una presunta red de corrupción administrativa desmantelada mediante las operaciones Coral y Coral 5G.

El tribunal, integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, fijó para las 3:00 de la tarde la lectura del fallo que pondrá fin a uno de los procesos judiciales más emblemáticos en materia de corrupción pública de los últimos años en República Dominicana.

La expectativa en torno a la decisión es alta debido a que el expediente involucra a figuras que ocuparon posiciones estratégicas dentro de organismos de seguridad del Estado durante la pasada administración.

¿Qué es el caso Coral?

El caso Coral salió a la luz pública en abril de 2021, cuando el Ministerio Público ejecutó una serie de allanamientos y arrestos contra una estructura que, según la acusación, operaba dentro de instituciones militares y policiales para desviar recursos públicos.

 

De acuerdo con las investigaciones, la supuesta red era encabezada por el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, quien se desempeñó como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP).

Las autoridades sostienen que los integrantes de la organización habrían utilizado nóminas irregulares, manejo indebido de fondos y otros mecanismos para obtener beneficios económicos a costa de recursos del Estado.

Un presunto desfalco multimillonario

El Ministerio Público afirma que la estructura habría sustraído más de RD$4,500 millones mediante operaciones realizadas desde distintas instituciones vinculadas a la seguridad pública.
Entre las entidades mencionadas en la acusación figuran el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), donde presuntamente se realizaron pagos irregulares y otras prácticas destinadas a favorecer a miembros de la red.

Según el órgano acusador, el entramado incluía el pago de salarios a personas que no desempeñaban funciones reales, así como el uso irregular de recursos asignados a organismos estatales.

Principales acusados

Entre los principales imputados figuran los generales retirados Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista.

También forman parte del proceso el coronel Rafael Núñez de Aza, el capitán Franklin Antonio Mata Flores, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán.

Asimismo, figura el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, considerado uno de los testigos clave del caso, además de Kelman Santana Martínez, Pedro Roberto Castillo Nolasco, Yehudy Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y Esmeralda Ortega Polanco, entre otros acusados. 

Un fallo de alto impacto

La decisión que será emitida constituye un momento determinante para uno de los expedientes de corrupción más complejos y mediáticos de la historia reciente del país.

El veredicto definirá la responsabilidad penal de los acusados y marcará un precedente en los esfuerzos institucionales para perseguir y sancionar los delitos relacionados con la administración de fondos públicos.

Un tribunal con experiencia en casos de alto perfil

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, ha estado al frente de algunos de los procesos judiciales más importantes y mediáticos de los últimos años en República Dominicana.

Entre los casos de mayor relevancia que ha conocido figura el expediente de los sobornos de Odebrecht, considerado durante años el principal caso de corrupción transnacional ventilado en los tribunales dominicanos. En octubre de 2021, ese tribunal condenó al empresario Ángel Rondón y al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, mientras descargó a otros cuatro imputados por insuficiencia de pruebas.

Otra de sus sentencias de alto perfil fue emitida el 12 de julio de 2022, cuando condenó a 30 años de prisión a Juan Miguel Valdez Alcántara, hallado culpable de provocar la muerte de una joven de 19 años tras incendiar una habitación de hotel en el sector Manganagua, en el Distrito Nacional. La decisión se sustentó en pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales presentadas por el Ministerio Público.

Asimismo, en junio de 2023, el tribunal impuso 30 años de prisión a los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, tras ser encontrados culpables de la golpiza que provocó la muerte de David de los Santos dentro de una celda del destacamento policial del ensanche Naco, luego de su arresto en Ágora Mall.

En esa misma sentencia, las juezas condenaron a 15 años de prisión al segundo teniente Germán García de la Cruz y al cabo Alfonso Decena Hernández por omisión de sus deberes, al permitir la agresión mientras la víctima se encontraba bajo custodia policial. La decisión fue considerada una de las más emblemáticas en materia de responsabilidad de agentes del orden por hechos ocurridos bajo su vigilancia.

Este historial de decisiones coloca al Primer Tribunal Colegiado entre los órganos judiciales con mayor experiencia en el conocimiento de casos de gran repercusión pública, corrupción administrativa, homicidios y violaciones a derechos fundamentales.

Juez decidirá este lunes si envía a juicio de fondo a los hermanos Espaillat por tragedia del Jet Set

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tiene previsto decidir este lunes 15 de junio de 2026 si envía o no a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025 que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.

La lectura de la decisión fue fijada para las 10:00 de la mañana y pondrá fin a la etapa preliminar de uno de los procesos judiciales de mayor impacto en la historia reciente de República Dominicana.

Datos sobre el caso

La tragedia ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando el techo del emblemático centro nocturno colapsó de manera repentina mientras el merenguero Rubby Pérez amenizaba una presentación artística. El derrumbe se produjo alrededor de las 12:44 de la madrugada, atrapando a cientos de personas bajo toneladas de hormigón y estructuras metálicas.

De acuerdo con videos de vigilancia, minutos antes del desplome se registraban filtraciones de agua en distintas áreas del establecimiento. El hecho provocó una amplia operación de rescate y conmocionó a todo el país. 

 

Cronología

Las acciones judiciales comenzaron apenas seis días después de la tragedia. El 14 de abril de 2025, los padres y la esposa del primer teniente de la Policía Nacional Virgilio Rafael Cruz Aponte, una de las víctimas mortales, presentaron la primera querella penal contra los propietarios del establecimiento.

La demanda también fue dirigida contra el Estado dominicano, especialmente contra la Alcaldía del Distrito Nacional, por alegado incumplimiento de sus deberes de supervisión y fiscalización del centro nocturno.

La querella por homicidio involuntario fue presentada contra Antonio Espaillat López, Ana Grecia López y la empresa Inversiones E y L, S.R.L., propietaria de la discoteca, según informó el abogado Félix Portes, representante de la familia querellante.

Posteriormente, el 19 de mayo de 2025, familiares de Radhamés Alexander Mateo Sánchez, fallecido en el derrumbe, interpusieron una nueva querella ante la Fiscalía del Distrito Nacional contra Antonio Espaillat por homicidio involuntario. En esa acción también fueron incluidos Ana Grecia López, la empresa Inversiones E y L y el Jet Set Club por los daños y perjuicios ocasionados.

Con esa nueva demanda, las querellas ascendieron a 18 y las denuncias a 24. Sin embargo, el número de acciones legales continuó aumentando a medida que avanzaban las investigaciones.

El 12 de junio de 2025, el Ministerio Público arrestó a Antonio Espaillat y a su hermana Maribel Espaillat dentro de la investigación por homicidio involuntario. Un día después, ambos permanecieron bajo arresto tras ser interrogados durante varias horas por el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, junto a otros fiscales del caso.

Tras los interrogatorios, el abogado Miguel Valerio reconoció que sus representados enfrentaban acusaciones por homicidio involuntario. El jurista sostuvo que se trató de un hecho que nadie deseaba que ocurriera y afirmó que no existió intención de provocar la tragedia. 

Para el 17 de junio de 2025, la Fiscalía del Distrito Nacional informó que las querellas y denuncias contra Antonio y Maribel Espaillat habían aumentado a 108. Entre las nuevas acciones figuraban las presentadas por Casiey Aileen Pérez Lebrón y Ana Beatriz Pérez Reynoso, hijas del fallecido merenguero Rubby Pérez, quienes reclamaron justicia por la muerte de su padre.

Dos días después, el 19 de junio, la jueza Fatima Scarlette Veloz, titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, impuso a los hermanos Espaillat una garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica como medidas de coerción.

Mientras avanzaba el proceso judicial, el Gobierno implementó medidas de apoyo para las familias afectadas. El 15 de julio de 2025, la Comisión Interinstitucional encabezada por Supérate anunció la ejecución del segundo pago del Bono de Emergencia, una ayuda de RD$30,000 mensuales durante seis meses destinada a los hogares impactados por la tragedia.

El caso también mantuvo una fuerte presencia en la opinión pública. El 8 de agosto de 2025, el profesor Eduardo Vargas expresó su preocupación por el estado de abandono de la estructura donde operaba la discoteca, calificándola como un "símbolo persistente de dolor colectivo" y advirtiendo sobre el impacto emocional que continuaba generando entre residentes y familiares de las víctimas.

El 25 de enero, el Movimiento Justicia por el Jet Set realizó una manifestación para reclamar respuestas y sanciones por las muertes ocurridas en el colapso.

Posteriormente, el 16 de marzo de 2026, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional inició el conocimiento de la audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat, etapa en la que el Ministerio Público presentó formalmente su acusación.

El 12 de abril de 2026, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, garantizó que haría lo necesario para evitar retrasos en el proceso judicial. Más adelante, el 17 de mayo de 2026, integrantes del Movimiento Justicia Jet Set volvieron a las calles para exigir celeridad y justicia para las víctimas.