La AMD fue creada el 18 de agosto de 1891 con el objetivo de impulsar los avances de la medicina y defender los derechos de sus miembros, incluido el de la protesta para exigir reivindicaciones como en 1970 y 1975, cuando efectuó sus primeras huelgas, de muy breve duración, conducidas entonces por el propio Rodríguez Soldevila y el cardiólogo Francisco José Canó González.

 

La agrupación gremial dirigida por Vélez Santana anunció el 11 de marzo de 1981 la interrupción por 24 horas de las actividades hospitalarias y luego extendió de manera indefinida su resolución, debido al rechazo de las autoridades a satisfacer su reclamo de incremento salarial.

 

La posición oficialista fue explicada por el relacionista público de la Presidencia, Federico Henríquez Gratereaux, que se esforzó en destacar el interés del gobierno en cumplir siete de los ocho puntos planteados y en convencer a la opinión pública de que era improcedente un aumento de sueldos en medio de la complicada situación fiscal que vivía el país.

 

El portavoz presidencial calificó el paro de “apresurado” porque sus promotores no sopesaron el hecho de que una medida de esa naturaleza implicaba modificar la ley de Gastos Públicos, lo que sólo sería posible hacer al año siguiente cuando se conociera el proyecto de presupuesto de la nación en el Congreso Nacional.

 

El impasse AMD-Gobierno provocó la formación inmediata de una comisión de médicos integrada por Canó González, Rafael Camasta, José Ramón Báez Acosta y Manuel Aquiles Cedeño que gestionó una entrevista con el presidente Guzmán para exponerle la conveniencia de que dialogara al respecto con el doctor Vélez Santana, previa suspensión parcial de la acción huelguística.

 

El diálogo con la AMD se llevó a cabo en el Palacio Nacional el 26 de marzo de 1981 por espacio de una hora y 25 minutos, pero no aportó la solución deseada por sus dirigentes pese a las seguridades ofrecidas por el primer mandatario para satisfacer en forma escalonada sus aspiraciones salariales y mejorar enseguida los servicios de emergencia en los hospitales.

 

A causa de ese obstáculo, el 3 de abril se efectuó una asamblea general de médicos que determinó reanudar la huelga y extenderla hasta los subcentros de salud y clínicas rurales; una peligrosa decisión que llenó de preocupación a la ciudadanía y por la cual el presidente de la Cámara de Diputados, licenciado Hatuey De Camps, favoreció la creación de una comisión que mediara entre las partes para lograr una solución satisfactoria a sus diferencias.

 

El legislador y dirigente perredeísta sugirió más tarde -el 11 de abril- al arzobispo-obispo de la Diócesis de Higüey, monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, como cabeza de la mediación y como probables miembros al rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, monseñor Agripino Núñez Collado y al director del periódico Listín Diario, don Rafael Herrera Cabral.

 

La formación de esa comisión fue respaldada el 25 de abril por el cardenal Octavio Antonio Beras Rojas, arzobispo de Santo Domingo, que anunció en San Cristóbal -durante la reinauguración de la iglesia "Sagrado Corazón de Jesús”- que estaba en disposición de intervenir en la búsqueda de una salida rápida a la situación si los involucrados en el conflicto solicitaban su intervención.

 

Igualmente intervino el secretario general y líder del partido oficial, doctor José Francisco Peña Gómez, mediante el intercambio de impresiones con el doctor Vélez Santana, y se mantuvo un contacto permanente con altos funcionarios del gobierno en busca de un posible acuerdo.

 

 

Sin embargo, la crisis se agravó a finales de abril y principios de mayo a raíz de la resolución tomada por el comité ejecutivo de la AMD de paralizar los servicios de emergencia y de partos en los centros de salud estatales, exceptuando los de la ciudad de Santiago donde surgió una grave disidencia a lo interno del gremio, especialmente en el hospital regional doctor José María Cabral y Báez.

 

Allí, más de cincuenta médicos desoyeron las directrices de la agrupación médica y ofrecieron de manera voluntaria atenciones a los enfermos, pese a ser calificados como rompehuelgas y amenazados con ser juzgados en un tribunal disciplinario por supuesta violación al artículo 58 de los estatutos de la AMD, exponiéndose a perder sus derechos como miembros de esa entidad.

 

Estos se defendieron diciendo -en un documento público divulgado el 5 de mayo- que el más sagrado de sus compromisos sociales era “Salvar vidas” y que su decisión no contrariaba las más elementales exigencias de los principios éticos y humanitarios que regían la carrera de la medicina.

 

La disensión también se expresó en el área sindical con la dura crítica emitida a principios del mes de junio de 1981 por la Unión General de Trabajadores Dominicanos (UGTD), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte y sus Afines, en repudio al abandono de los servicios de emergencia y de los pacientes internados en los hospitales públicos, por ser una decisión “injusta, antipopular y antihumana” que respondía a consignas políticas.

 

Esos reproches fueron refutados por el presidente del gremio, doctor Vélez Santana, diciendo “que algunos sectores piensan que la lucha que hemos venido librando tiene propósitos secundarios, y ello es algo que no se corresponde con la verdad, pues los dirigentes de la AMD somos auténticamente gremialistas” y “estamos interesados en llegar a un acuerdo satisfactorio con las autoridades para “de ese modo reiniciar las actividades médicas en los centros hospitalarios”.

 

En los centros de salud del Estado” y deseaban la intervención del Congreso Nacional en busca de una solución alternativa que podía ser la transferencia de fondos para satisfacer sus demandas, o la aprobación de un anteproyecto de ley que gravaría la venta de cigarrillos, considerando su alto consumo pese a su probado efecto dañino a la salud humana.

 

Esa posibilidad fue cerrada por el presidente Guzmán que amenazó con el veto, pero dio lugar a la reanudación de la actividad mediadora de diversas personalidades de la vida nacional que se esforzaron en plantear una solución a partir del mejoramiento de las retribuciones de los médicos de hospitales públicos situados en el nivel inferior de salarios.

 

En esa tarea se destacaron el presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa (CNHE), Luis Augusto Ginebra Hernández (Payo); el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Marino Ginebra; el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Príamo Tejeda y el doctor Abel González Massenet, propietario de la clínica de su mismo nombre.

 

La mediación hizo posible que la AMD y el gobierno arribaran a un entendimiento factible y justo, que implicó la suscripción de un compromiso formal para aumentar en enero de 1982 los sueldos de los médicos. El anuncio fue hecho el viernes 5 de junio de 1981, en horas de la noche, y al día siguiente, desde muy temprano, se restablecieron los servicios y el flujo de pacientes en los hospitales.