PUERTO RICO.- Dos hombres, presuntos integrantes de una red criminal y de narcotráfico con operaciones en Puerto Rico, Venezuela, Colombia y República Dominicana, podrían enfrentar la pena de muerte por ordenar el asesinato de varias personas y rivales en 2020, informó este martes la Fiscalía federal en San Juan.

A pesar de que Puerto Rico abolió la pena de muerte por ley en 1929 y la prohibió en su Constitución en 1952, el jefe de la Fiscalía federal en la isla, W. Stephen Muldrow, dijo en un comunicado que Manuel Antonio Valentín Vega y Luis J. Irizarry Zapata son candidatos a la pena capital.

Según detallaron las autoridades en la nota, Valentín Vega, Irizarry Zapata y otras cuatro personas han sido acusadas de 23 cargos por violarla Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales, más conocida como el RICO ACT, por su sigla en inglés.

Los otros cuatro imputados y miembros de la organización criminal 'The Enterprise' fueron identificados como Rafael Ángel Ruiz Garcés, César E. Carrero Martínez, Jonathan Hernández Ruiz y Luis F. Rivera Quiñonez.

Estos cuatro implicados podrían ser condenados a cadena perpetua si son encontrados culpables.

Los seis individuos están acusados de crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y violaciones a la Ley de Armas, delitos que presuntamente cometieron como integrantes de una organización criminal transnacional con base en Añasco, municipio de la costa oeste de Puerto Rico.

Desde allí, de acuerdo con el pliego acusatorio federal, los acusados se implicaron en el tráfico de grandes cantidades de drogas en coordinación con otros narcotraficantes en Venezuela, Colombia y República Dominicana.

La acusación federal indica también que la organización criminal también intentó y cometió actos violentos, incluyendo asesinato y asalto.

Además, para ascender su poder, lavaban dinero y usaban la droga para comprar armamento y municiones, embarcaciones, automóviles, así como viviendas y rentabas propiedades para esconder la droga. Estos actos, de acuerdo con las autoridades, lo hacían para promover y resaltar el “privilegio, reputación y posición” de la organización contra otros grupos rivales.

Igualmente, se hacían para proteger a miembros y socios de su agrupación de las autoridades y grupos rivales, y preservar y proteger sus operaciones criminales.