Santo Domingo RD,.- Desde los años 2018 al 2025, la supuesta estructura criminal presuntamente liderada por Héctor Antonio Lora Cruceta, entonces presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer Inc., en Santiago, afectó a pacientes oncológicos de las 14 provincias del Cibao a través de diferentes "maniobras" que "drenaron" al Seguro Nacional de Salud (Senasa), entidad que en dicho período les erogó más de RD$3,754 millones.

Esa afirmación corresponde a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en su solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejidad a los encartados que fueron apresados mediante la denominada operación Onco14, como le llamó el órgano acusador a una de las fases del presunto entramado que supuestamente afectó a Senasa.

Los demás señalados en el caso son Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exmiembro de la Junta Directiva del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer Inc., Luisa Yasiris Guzmán de Lora, esposa de Lora Cruceta; y las entidades Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD.

El órgano acusador dice en el documento al que el periódico Hoy tuvo acceso que el grupo, supuestamente, creó el Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas, "para la alteración y realización de facturas fraudulentas para afectar el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y sus afiliados".

En ese orden, "eligieron los recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), como objetivo principal de la estructura con el interés de sustraer el dinero destinado por el Estado para la salud de personas pobres afectadas por una terrible enfermedad como el cáncer".

"Dispusieron de sellos médicos de distintos especialistas, entre ellos médicos internistas, ginecólogos, neurólogos y ortopedas, así como talormrios presellados, para que las indicaciones de estudios especiales fueran llenadas a nombre de dichos especialistas, sin que estos hubieran evaluado a los pacientes ni emitidos tales indicaciones", dice la solicitud de medida de coerción.

Agrega que "traspasaron el control de la facturación de las ARS de los pacientes atendidos con seguro médico, a la firma Vargas Guzmán Accounting Center, firma de contadores propiedad de la imputada Dilcia I. Vargas Sánchez, exesposa del imputado para desviar fondos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Inc.".

También, según el Ministerio Público, "prohibieron expresamente que los medicamentos donados al centro y los entregados a los médicos en las consultas de manera gratuita por los visitadores médicos fueran entregados gratuitamente a los pacientes, bajo amenaza de despido al personal que lo hiciera, argumentando que la farmacia necesitaba vender y para eso los pacientes debían comprar".

Según la acusación, los encartados comercializaron los medicamentos donados, incluyendo medicamentos de alto costo, utilizados en quimioterapias, y dejaron vencer aquellos que no pudieron ser comercializados, lo que además de ser un acto ilegal es una conducta cruel en contra de personas pobres afectadas por una enfermedad devastadora como el cáncer. 

Realizaban doble facturación de los medicamentos suministrados a los pacientes, cobrando dos veces los conduce de un mismo medicamento, en perjuicio del Senasa y los afiliados, de acuerdo a lo que establece el órgano persecutor.