Santo Domingo RD . – Miles de personas en conflicto con la justicia en la República Dominicana enfrentan cada día una dura realidad: el alto costo de los procesos legales.

Ante esa situación, surge una pregunta clave: ¿Quién defiende a los que no pueden pagar un abogado?

“La institución tiene el mandato exclusivo de representar legalmente a personas en conflicto con la ley penal, es decir, la defensa de todas aquellas personas que hayan supuestamente cometido algún robo, homicidio, uso o tráfico de sustancias ilícitas, estafa, abuso de confianza, entre otros, a favor de aquellos que por cualquier causa carezcan de un abogado”, señaló Valentín Santos.

El funcionario destacó que la ONDP ofrece servicios gratuitos, accesibles, igualitarios y de calidad en todo el territorio nacional, conforme a la Ley núm. 277-04, que creó la institución como órgano autónomo y constitucional.

Cómo se asigna un defensor público

El director de la ONDP explicó que la designación de un defensor público puede ser solicitada por el imputado, un familiar, el tribunal o cualquier funcionario judicial.

“El procedimiento está regulado por el artículo 116 del Código Procesal Penal y la Instrucción General 05/2014 de la ONDP, los cuales garantizan la asignación inmediata de un defensor público a toda persona sin abogado, protegiendo el derecho de defensa, el debido proceso y la dignidad humana”, explicó.

Añadió que la asistencia jurídica es continua y no concluye hasta que el usuario salga completamente del sistema judicial, garantizando acompañamiento ininterrumpido.

Altas cargas laborales y creciente demanda

Cada defensor público maneja entre 400 y 500 casos en promedio, lo que refleja la alta demanda de servicios legales gratuitos en el país.

Según datos de la ONDP, la institución recibe unas 69 solicitudes diarias de asistencia, además de más de 430 diligencias adicionales que no ingresan formalmente al sistema.

Valentín Santos agregó que el esfuerzo humano a menudo compensa las limitaciones estructurales.

Casos prioritarios y atención sin discriminación

Entre los casos que prioriza la ONDP se incluyen prisión ilegal, traslados hospitalarios, adultos mayores con condiciones graves o adolescentes en crisis.

“Sin embargo, cada persona imputada tiene igual derecho a una defensa técnica adecuada, conforme al artículo 39 de la Constitución, que consagra el principio de igualdad ante la ley y el derecho a la dignidad humana. En sentido general, todas las asistencias reciben la misma atención profesional, sin distinción de condición social, económica o procesal”, enfatizó el director.

Remuneración y limitaciones del sistema

De acuerdo con Valentín Santos, los defensores públicos son remunerados por el Estado dominicano, representando el 88% de la nómina institucional.

“El salario de los defensores está entre el 11% de los empleados públicos mejor pagados, pero comparado con fiscales o jueces, sigue siendo insuficiente, dada la especialización, el riesgo y la carga laboral que implica su labor”, señaló.

El director reconoció que la alta demanda y la falta de personal generan sobrecarga laboral, lo que se traduce en alta rotación y fuga de talentos, a pesar de los esfuerzos por mantener la calidad del servicio.

Limitaciones presupuestarias y déficit de personal

Valentín Santos explicó que la principal dificultad de la ONDP radica en sus limitaciones presupuestarias y logísticas, ya que la mayor parte del presupuesto se destina al pago de nómina, lo que reduce la inversión en infraestructura, tecnología y capacitación.

También persiste la falta de espacios adecuados en algunas jurisdicciones, afectando la confidencialidad y eficiencia en la atención a los usuarios.

Actualmente, la Defensa Pública cuenta con 127 defensores de carrera y 36 coordinadores, además de 170 abogados adscritos, lo que suma solo 297 profesionales activos para atender a miles de ciudadanos sin recursos.

Meta clara: 500 defensores públicos en todo el país

“La meta institucional es alcanzar los 500 defensores públicos de carrera a nivel nacional”, explicó Valentín Santos, al señalar que existe un déficit aproximado de 337 profesionales.

Para reducir esa brecha, 73 aspirantes se encuentran en formación en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y se espera su incorporación en junio de 2026, una vez el Estado asigne los recursos correspondientes.

Valentín Santos entiende que lograr esa meta significará fortalecer la cobertura, mejorar la eficiencia y garantizar un acceso real y oportuno a la justicia para los ciudadanos más vulnerables.