Santo Domingo RD . - Lo ocurrido en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este, constituye un hecho profundamente preocupante para la democracia dominicana.

Las agresiones perpetradas contra las periodistas Ana Laura López, Jessica Hernández y Yessica Tavares, mientras realizaban su labor informativa, no solo representan un ataque personal contra tres profesionales de la comunicación, sino también una grave amenaza contra la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada.

Las reporteras se encontraban cubriendo un hecho de alto interés público: la denuncia de presunto maltrato infantil en el preescolar y guardería Mi Segundo Hogar Little Steps, caso que ha generado indignación nacional tras la difusión de un video donde se observa a una mujer, presuntamente profesora del centro, maltratando a una niña pequeña. La reacción violenta de familiares de la docente señalada contra miembros de la prensa es absolutamente inaceptable en un Estado que se define democrático y de derecho.

Nuestra Carta Magna es clara. El artículo 7 establece que la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales. El artículo 8 establece que es función esencial del Estado proteger de manera efectiva esos derechos.

Asimismo, el artículo 38 consagra que la dignidad humana es sagrada, innata e inviolable, y que su respeto constituye una responsabilidad esencial de los poderes públicos. El artículo 40 garantiza el derecho a la libertad y a la seguridad personal de todos los ciudadanos. Y el artículo 49 establece el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, señalando en su numeral 2 que todos los medios de comunicación tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas de interés público.

Cuando un periodista es agredido mientras cubre un hecho noticioso, no solo se vulnera su integridad física; también se golpea el derecho de la sociedad a conocer la verdad. La prensa libre es un pilar esencial de la democracia, y cualquier intento de silenciarla mediante violencia o intimidación debe ser condenado con firmeza.

Por ello, resulta correcta y necesaria la postura asumida por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Distrito Nacional, al condenar enérgicamente lo ocurrido y exigir una investigación profunda. La sociedad dominicana también debe exigir que este caso no quede en el olvido ni en la impunidad.

Las autoridades tienen la obligación de identificar y someter a la justicia a todos los responsables de las agresiones contra las periodistas. La violencia contra la prensa no puede normalizarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia.

De acuerdo con los reportes, Ana Laura López fue golpeada en un brazo con una sombrilla; Jessica Hernández se desmayó tras recibir golpes y verse afectada por gas pimienta utilizado durante el incidente; y Yessica Tavares también fue ultrajada en medio del caos. Ningún profesional que esté cumpliendo con su deber de informar a la ciudadanía debería enfrentar agresiones físicas ni intimidaciones.

Más grave aún es que, en medio de estos hechos, también se señale el uso de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional contra miembros de la prensa. Si se confirma que hubo abuso o agresión contra periodistas, estaríamos frente a una violación directa de la Constitución de la República Dominicana.

De igual manera, el caso de presunto maltrato infantil que originó la cobertura periodística debe ser investigado con rigor, transparencia y celeridad, para establecer responsabilidades y garantizar justicia para la menor afectada.

En una democracia, la prensa no es enemiga de la sociedad: es su voz, su vigilancia y su conciencia. Golpear a un periodista es intentar golpear la verdad. Y eso, en cualquier sociedad que se respete, debe ser absolutamente