SANTO DOMINGO RD .– La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 3 de febrero, a las 10:00 de la mañana, la audiencia de apelación interpuesta por el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim Albainy, contra la medida de coerción que le impone 18 meses de prisión preventiva por su presunta vinculación con un fraude superior a los 16 mil millones de pesos en la ARS no estatal.

El tribunal tomó la decisión debido a que la imputada Ada Ledesma compareció sin representación legal.

Igualmente apelaron los suplidores de Senasa Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo. Los seis hombres guardan prisión en el penal de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, mientras que Ledesma permanece recluida en Najayo Mujeres.

La Corte estuvo integrada por los jueces Ysis Muñiz, Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, quienes subieron al estrado alrededor de las 10:00 de la mañana y, una hora después, dispusieron el aplazamiento.

La audiencia de apelación de Santiago Hazim, exdirector de Senasa, se aplaza para el 3 de febrero

La entidad Convergencia contra el Robo de la Seguridad Social (Converss), presidida por Miguel Surún Hernández, anunció su intención de impugnar el arresto domiciliario otorgado a tres imputados —Cinty Acosta Sención, Heidy Mariela Medina y Eduardo Read Estrella— quienes colaboran con la investigación del órgano acusador y no apelaron la medida.

La organización denunció que desde el Gobierno se ejerce presión sobre el sistema de justicia para dejar en libertad a los responsables de la presunta estafa que afectó a millones de personas.

“Lo que se busca es evitar que revelen quién es el beneficiario final del dinero obtenido del desfalco del Senasa”, sostuvo Surún.

Añadió que también se pretende frenar el sometimiento de los demás encartados en el caso.

Asimismo, afirmó que el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, habría ordenado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y a la procuradora Yeni Berenice Reynoso, archivar el expediente.

“Aquí hay presión, hay extorsión, y la amenaza es que cualquiera que no obedezca no será ratificado. Si no les resuelven el problema garantizando su impunidad, no serán ratificados”, concluyó.