Santo Domingo RD. Más de una decena de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) irrumpieron por error en la vivienda de una servidora del Poder Judicial y de un agente de la Policía Turística (Politur), en Ciudad Nueva, en un confuso operativo que dejó como saldo una puerta destrozada, vecinos aterrados y la dignidad de una familia afectada sin justificación alguna.

El despliegue de fuerza, calificado por residentes como un “aparataje abusivo”, generó pánico entre los ocupantes de la casa, así como en vecinos y transeúntes que observaron con estupor la forma en que el organismo antinarcóticos actuó sin la debida certeza ni el cuidado procesal que exige la ley.

Demandan revisión de protocolos de la DNCD tras repetidos errores en allanamientos y detenciones injustas

Según denunciaron los afectados, los agentes buscaban a un individuo que reside en el mismo edificio, pero por error rompieron la puerta de otra vivienda, exponiendo a personas trabajadoras y reconocidas en su comunidad como honestas y sin vínculos con actividades ilícitas.

La situación no solo provocó indignación y vergüenza entre los vecinos, sino que también dejó a los afectados con la marca del escarnio público, pese a tratarse de funcionarios ejemplares que nada tienen que ver con la conducta indebida de terceros. Los afectados rehusaron ser identificado, pero en el sector todo la gente los tiene como ciudadanos ejemplares.

Tras el desatino, los agentes prometieron reparar el daño material, aunque la huella moral y el trauma causado a la familia difícilmente podrán subsanarse con simples palabras.

El propio agente de Politur, víctima del atropello, intentó manejar el incidente de la forma más discreta y pacífica posible, evitando una confrontación mayor con los actuantes.

No obstante, organizaciones comunitarias y voces críticas recordaron que este no es un hecho aislado: la DNCD ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por operativos mal ejecutados, errores en allanamientos y detenciones que han llevado incluso a personas inocentes a prisión, en algunos casos por negligencia y en otros bajo sospechas de intencionalidad.

La ciudadanía reclama que se revisen los protocolos de actuación de la DNCD.