Santo Domingo RD.- La sociedad dominicana ha recibido en menos de dos semanas diversos proyectos que buscan “fortalecer y actualizar” la regulación del derecho fundamental, establecido en el artículo 49 de la Constitución, sobre libertad de expresión.  

 Además del Congreso Nacional estudiar la reforma a la Ley 61-32 sobre la Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, los legisladores se abocarían al conocimiento de una propuesta legislativa que tipificaría y sancionaría los “discursos de odio” emitidos de manera pública.  

Sin embargo, la pieza, que habría sido depositada durante el fin de semana pasado, ya no se encuentra en las secretarías del Senado de la República. Esto, debido a que el proponente, representante de La Altagracia, Rafael Duluc, anunció este lunes la decisión de retirarlo, en respuesta al rechazo que ocasionó en distintos sectores de la población.  

No obstante, el senador dijo estar consciente de que “cuando una iniciativa legislativa no encuentra el consenso amplio y genera divisiones, lo sensato es hacer una pausa”. 

Pese a que el proyecto de ley no será conocido en el Poder Legislativo, Duluc considera que es necesario comenzar un debate, “de forma más participativa, académica y plural”. Por lo que invitó a juristas, académicos, periodistas y estudiantes a seguir reflexionando sobre cómo construir un marco legal que defienda “tanto la libertad, como la dignidad”. 

La modificación a la Ley 61-32 fue elaborada en un periodo de dos años por una comisión honorífica designada por la Presidencia, en la que participaron periodistas y abogados. Pero, esto no ha sido suficiente para garantizar el consenso en la población, ya que continúan surgiendo manifestaciones contrarias a la propuesta, calificándola, incluso, de “inconstitucional e convencional”, como es el caso del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).  

CUáles castigos contemplaba el proyecto

El proyecto de discurso de odio contemplaba prisión de uno a tres años y una multa de 10 a 50 salarios mínimos del sector público.

También establecía que cuando el discurso de odio se difunda por redes sociales, plataformas digitales, medios electrónicos o servicios de mensajería, además de las penas previstas, el juez podría imponer la prohibición de uso de dichas plataformas por hasta tres años.

Las penas recibirían en los tribunales agravantes en los casos en que el hecho sea cometido por un funcionario público, docente, líder religioso o autoridad comunitaria. Además, cuando este ocurra en centros educativos, sanitarios, religiosos o penitenciarios y el discurso incite a cometer actos de violencia física o material contra personas o bienes.

La visión del senador Duluc consistía en crear una nueva ley, sin alterar la 61-32, en la que se sancione y tipifique al “discurso de odio” como toda expresión oral, escrita, gráfica, audiovisual o digital que incite al odio, “hostilidad, discriminación o violencia contra una persona o grupo por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, etnia, religión, discapacidad, condición migratoria, lengua, condición socioeconómica o cualquier otra condición de identidad o pertenencia”.