Puerto Rico.- En una tarde de domingo cualquiera, Neuri compartía con su hermano, quien vino a visitarlo desde la vecina República Dominicana. Juan, por su parte, había salido de su casa a comprar el aguacate que acompañaría el sancocho que su esposa preparaba en el hogar, y Fermín, mientras, hablaba con amigos frente a uno de los negocios ubicados en la avenida Borinquen en Barrio Obrero, cerca de la avenida Constitución, en San Juan.

Pero la tarde tomó un giro totalmente distinto para los tres inmigrantes dominicanos residentes en Puerto Rico cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) llegaron hasta la zona y los detuvieron como parte del primer operativo en la isla desde que entró en vigor la nueva política migratoria del presidente Donald Trump, que reforzó las restricciones y revirtió protecciones a los inmigrantes.

“Estoy desesperada. No sé a quién preguntarle, no sé a dónde ir, no sé qué hacer”, relató Iris Lázaro Rivera, esposa de Juan, mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. “Él salió para acá a comprar un aguacate”.

El Nuevo Día presenció la detención de, al menos, tres personas dominicanas, al tiempo que los agentes hacían preguntas y entrevistaban, de forma aleatoria, a quienes se encontraban frente a diversos establecimientos que son puntos de encuentro, principalmente, de la comunidad dominicana en Puerto Rico, en busca de corroborar su estatus migratorio.

Al confirmar el operativo en respuesta a la nueva política de Trump, el ICE defendió, en declaraciones escritas, que la agencia “desempeña un papel crucial en la identificación y detención de personas que representan una amenaza”. “La aplicación de las leyes de inmigración de nuestra nación tiene una importancia crítica para la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos”, indicó la agencia, que no tuvo disponible a ningún portavoz que ofreciera detalles sobre la intervención. No se ofreció tampoco una cifra oficial de detenidos.

La ofensiva, sin embargo, era injustificable para los familiares y amigos de los detenidos, de quienes, hasta el momento de la entrevista, no tenían ninguna información respecto a dónde exactamente los llevarían, cuáles serían los próximos pasos o cuándo podrían verlos.

El operativo ocurre apenas seis días después del regreso de Trump a la presidencia estadounidense y luego que la gobernadora Jenniffer González Colón expresara, en una entrevista con Telemundo, dirigiéndose particularmente a la comunidad dominicana en la isla, que podían “estar tranquilos”, puesto que, según ella, las políticas del mandatario republicano estaban enfocadas en la frontera de Estados Unidos con México y el cruce de inmigrantes en esa región, no en Puerto Rico.

No hay colaboración

El Nuevo Día solicitó comentarios de la gobernadora sobre el operativo que presenció este medio, pero la primera ejecutiva –que ha estado fuera del país desde el 17 de enero- no estuvo disponible. En su lugar, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, indicó que las autoridades locales fueron informadas por sus pares federales sobre la intervención, pero que no cooperaban con el proceso. De igual forma, alegó –sin ofrecer datos específicos- que las personas detenidas supuestamente tenían historial delictivo.

“Para los que no son personas con un historial criminal, la administración de la gobernadora Jenniffer González estará trabajando con la administración del presidente Trump en la búsqueda de medidas para facilitar la integración de personas con estatus migratorio no definido a la comunidad estadounidense, como son las visas de trabajo”, añadió.

En cambio, el testimonio de los allegados a los detenidos se distancia de la versión que dice haber recibido la administración de González.

Detalles de las detenciones

El hombre apenas pudo llamarla por teléfono para pedirle que le enviara fotos de documentos relacionados con su estatus migratorio, mientras era entrevistado por los agentes federales. Cinthia, quien se encontraba en la casa, apenas pudo reaccionar.

“Le envío los documentos. Él me llama y me dice ‘ven, porque esto está como algo raro’”, relató. Al llegar, Neuri ya había sido detenido. “Yo soy una paciente diabética, alta presión, hipotiroidismo, sufro un montón de condiciones, y quien me cuida es él. Ahora mismo, él tuvo un accidente, nosotros nos estamos cuidando mutuamente”, expresó.

De la misma manera, Fermín fue detenido antes que pudieran llevarle sus documentos migratorios. Con los papeles en mano, María Cristina Infante, comerciante y amiga del detenido, explicó luego que, para la comunidad, es común guardar este tipo de información en la casa por razones de seguridad.

“Ese señor ha trabajado aquí toda una vida. Ese señor tiene más de 30 años aquí, entonces, también se están llevando personas que tienen documentos, y eso es una injusticia”, subrayó, mientras sostenía en sus manos la evidencia que no pudo entregarle a tiempo a Fermín, antes de ser arrestado.

Ante lo ocurrido, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, se solidarizó con las familias afectadas y ordenó a la Oficina de Ayuda al Inmigrante disponer “de los recursos necesarios para maximizar nuestros esfuerzos” y enfatizó que “ni la Policía Municipal, ni ninguna entidad gubernamental bajo la jurisdicción del Municipio de San Juan están colaborando ni participando, ni apoyando en estos operativos de forma alguna”.

“Reitero nuestro compromiso de actuar con compasión, responsabilidad y firmeza en defensa de quienes enfrentan momentos de incertidumbre”, sostuvo Romero.

Mientras, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, recalcó que procurará, en su gestión oficial en la capital federal, que se respeten los derechos de la comunidad inmigrante en Puerto Rico.

“Todas las personas, incluyendo los inmigrantes indocumentados, tienen derechos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Aseguraré que estos derechos sean respetados, y utilizaré la autoridad dentro del Comité de Seguridad Interna, que supervisa a ICE, para garantizar que no se violen“, manifestó por escrito.

Dominicanos en PR expresan temor ante redadas: “Esto va a traer crisis económica y humanitaria”

La comunidad dominicana en Puerto Rico vive momentos de incertidumbre luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) llevaran a cabo la primera redada contra inmigrantes en Puerto Rico, en el Barrio Obrero de San Juan, donde mayoritariamente se concentran dominicanos.

José Rodríguez, activista dominicano en Puerto Rico, denunció ante la cámara de El Nuevo Día de Puerto Rico la falta de claridad en las políticas locales frente a estas redadas y alertó sobre las consecuencias económicas y sociales que podrían derivarse.

“Estamos en la Placita Barceló en Barrio Obrero, un área habitada mayormente por dominicanos y puertorriqueños también, pero la gran mayoría son dominicanos. Ayer me llamaron que hubo una intervención ya en un área de trabajo, de un grupo de contratistas que estaban trabajando en un edificio, solicitándoles sus documentos. Ellos estaban trabajando y les dijeron que era para corroborar si estaban regularizados. Esto confirma que ya han empezado las redadas porque allí había más de 10 personas trabajando y, de no haber tenido sus estatus regularizados, los hubiesen detenido ahí mismo”, explicó.

Rodríguez instó a la gobernadora de la isla Jenniffer Aydin González Colón a ofrecer un respaldo real a la comunidad dominicana y a corregir las declaraciones previas en las que afirmaba que no habría de qué preocuparse.

“Si ya la gobernadora dio esa información que es errónea, lo mejor es que ella la desmienta y se reúna con nosotros, para ver cuál va a ser su política pública, ya que dominicana y Puerto Rico son socios comerciales. Esto va a traer una crisis económica y una crisis humanitaria. Estamos frente a una situación que afectará sectores como la construcción, el cuidado de ancianos y el trabajo doméstico”, externó.