Nueva York.- Poco antes de las 3:00 de la madrugada del miércoles 3 de junio de 2026, dos hombres ingresaron a una vivienda ubicada en el número 871 de East Broadway, en Milford, Connecticut. Entraron por una puerta corrediza que daba a la habitación donde dormía una pareja de ancianos. Una vez dentro, dispararon varias veces contra el hombre, mientras que la mujer recibió un disparo en la cabeza.

Se trataba de la casa de Sandy Cooper y su pareja, Frederick Werner, ambos de 69 años.

Werner murió en el ataque y Cooper sobrevivió al disparo que recibió. La mujer llamó a la Policía y ofreció una pista que posteriormente llevaría a los investigadores hasta los sospechosos: el despido de una empleada.

En julio, las autoridades arrestaron a Stuar López Reyes, de 25 años, y el pasado 4 de agosto detuvieron a Iván Barias Florimón, de 24, por cargos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, asesinato durante la comisión de un delito grave, allanamiento de morada, conspiración para cometer allanamiento de morada, intento de asesinato, agresión en primer grado a una víctima anciana y conspiración para cometer agresión en primer grado a una víctima anciana.

Según la declaración de Cooper, el día del incidente se despertó al escuchar el ruido de las cortinas y las persianas de la puerta del patio que conducía al dormitorio, la cual, según dijo, siempre se dejaba sin llave.

De acuerdo con la orden judicial, la mujer indicó que, al levantarse de la cama, recibió el disparo que la hizo caer al suelo, junto a la cama, donde permaneció mientras los sospechosos disparaban contra su esposo.

Posteriormente, las pruebas realizadas a los casquillos revelaron que coincidían con una pistola Glock de 9 milímetros que la Policía de Nueva York había incautado el 6 de junio, según la orden judicial. El arma había sido reportada como robada en Stratford en 2022.

Relación entre el hecho violento y el despido

Según los documentos judiciales, Cooper declaró a la Policía que creía que una exempleada, identificada como Cynthia Infante, podría estar relacionada con el mortal allanamiento, debido a que la había despedido bajo sospecha de que robaba en su negocio de bienes raíces.

Según medios locales, Infante había trabajado como administradora de propiedades y asistente personal de Cooper durante aproximadamente tres años y fue despedida alrededor del 25 de mayo.

Barias Florimón, a su vez, está relacionado con Infante y su esposo, quienes no han sido acusados formalmente, pero son mencionados en repetidas ocasiones en la orden judicial.

Según la investigación, el acusado alquilaba una habitación en la casa de los Infante, en Bridgeport, y realizaba trabajos de jardinería para el negocio de Ángel Infante (esposo de la empleada despedida), incluida la propiedad de Cooper.

En una entrevista con la Policía, Cynthia Infante confirmó que Barias Florimón sabía que había sido despedida y dijo que no le caía bien Cooper.

La mujer también declaró a la Policía que el joven "tiene mal genio", según la orden judicial. Cuando los investigadores le preguntaron si él sentía la necesidad de defenderla, Infante se emocionó y respondió: "Claro que sí", mientras lo describía como "un niño mimado", de acuerdo con el documento.

También declaró a la Policía que "estaba segura" de que él era capaz de dispararle a alguien porque tenía la impresión de que pertenecía a una pandilla, según la orden judicial.

El otro sospechoso, López Reyes, es amigo de Barias Florimón. Cynthia Infante declaró a la Policía que López Reyes era "terrible" y que le tenía miedo.

Pruebas e investigación 

News 12 señala que la orden judicial, de 30 páginas, también contiene mensajes de texto entre Infante y Barias Florimón, en los que la exempleada comentaba su preocupación de que Cooper le hiciera la vida imposible y decía que acudiría a la Policía.

Entre las respuestas de Barias-Florimón se encontraban: "Me aseguraré de que cualquiera con quien se meta tenga un accidente", "Le haré la vida imposible", "Ouuuu Cynthiaaaa, solo di la palabra y [palabrota] se le acabará la vida", "Estoy de acuerdo con lo que quieran hacer" y "Sandy necesita un ataque al corazón".

La policía también recuperó mensajes de texto que López Reyes envió a una persona la noche del 3 de junio, en los que le pedía alojamiento. Entre los mensajes que envió se encontraban: "Necesito tu ayuda", "¿Puedes borrar los mensajes?", "Hice algo estúpido" y "Me están buscando".

La orden judicial indica que los teléfonos celulares de ambos hombres los ubicaron en la escena del crimen y en la camioneta SUV utilizada para cometer el hecho: una Jeep Compass gris registrada a nombre de Ángel Infante.

Los lectores de placas y las cámaras de vigilancia permitieron a la policía rastrear la camioneta desde antes del crimen hasta después del tiroteo, incluso en áreas de descanso de la autopista, según la orden.

La Jeep no tenía placa delantera, según el documento, pero fue captada con una placa en la parte trasera, la cual había sido robada por los sospechosos aproximadamente dos horas antes del crimen de una camioneta SUV estacionada en el Aeropuerto Tweed New Haven.

Posteriormente, se detuvieron en un área de descanso, justo después del tiroteo, para deshacerse de la placa. La policía la encontró más tarde en un bosque, dice la orden.

Buscan revocarle residencias

Según Fox News Digital, el Departamento de Seguridad Nacional busca revocar el estatus de residente permanente de los dos dominicanos, a quienes se refirió como "extranjeros criminales".

De acuerdo con el DHS, Barias Florimón ingresó a Estados Unidos en 2007 como hijo de un residente permanente legal. López Reyes, en tanto, ingresó al país con una visa en noviembre de 2016, durante la administración de Barack Obama.

López Reyes se le otorgó la residencia permanente legal en octubre de 2022, durante la administración de Joe Biden. Un año después de que fuera arrestado por cargos de daños a la propiedad y obstrucción criminal de la respiración, y que finalmente fue declarado culpable de alteración del orden público, según el DHS.

"Tener una tarjeta de residencia permanente es un privilegio, no un derecho", declaró el DHS. "Según las leyes de nuestra nación, nuestro gobierno tiene la autoridad para revocar una tarjeta de residencia permanente si se infringen o se abusa de nuestras leyes".