SANTO DOMINGO RD .- El abogado Carlos Mesa anunció este martes su renuncia irrevocable como defensa técnica de Ángel Martínez, alegando que no comparte los ataques personales que el comunicador ha emitido, especialmente en medios digitales.

“Eso no es libertad de expresión, eso es libertinaje. No estamos de acuerdo con que un comunicador o periodista se inmiscuya en temas de carácter personal. Ya eso no forma parte del ejercicio legítimo de la libre expresión”, señaló Mesa.

“Esas declaraciones no van con la línea de defensa que hemos llevado desde que lo acompañamos el pasado 26 de mayo. Nosotros logramos posicionarlo jurídicamente, incluso conseguimos que algunas querellas en su contra fueran desestimadas”, afirmó Mesa.

El togado recordó además que, en días recientes, se produjo un incidente en una barbería de la Zona Colonial donde Martínez llegó con el Rafael Percival Peña en actitud hostil.

Señaló Percival Peña, en calidad de abogado, tiene procesos pendientes por sanciones y multas que debe resolver antes de poder ejercer el derecho de defensa del comunicador.

El coronel retirado y abogado Rafael Percival Peña se encuentra sancionado por el juez Raymundo Mejía por litigación temeraria en una audiencia en la que defendía a Martínez.

El comunicador Ángel Martínez enfrenta varias querellas por difamación interpuestas en su contra en los tribunales dominicanos.

Los demandantes alegan que el youtuber ha realizado acusaciones sin pruebas, dirigidas tanto a figuras públicas como a empresarios y autoridades, lo que consideran un atentado directo a su honor y reputación.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful exige una indemnización de 50 millones de pesos dominicanos por daños y perjuicios, al acusarlo de difundir imputaciones falsas, entre ellas vínculos con narcotráfico y amenazas con divulgar supuestos videos íntimos.

Por otro lado, la exviceministra de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán, también interpuso querella contra Ángel Martínez por difamación e injuria agravada.

En una audiencia en el Séptimo Tribunal Colegiado, se le impuso una medida de coerción consistente en una garantía económica de 3 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.

Mientras que por el caso Faride Raful, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, impuso impedimento de salida del país, presentación periódica ante las autoridades y el pago de una garantía económica de RD$500,000 mediante una empresa aseguradora.