Retos extraordinarios se ciernen hoy sobre los puertorriqueños: una economía en picada, una participación laboral de sólo el 45%, una marejada de pobreza que arrastra a más de la mitad de nuestras familias, una tasa de desempleo del 12% y un gobierno enmarañado por un déficit de $3.2 billones que a su vez está asediado por una deuda pública que sobrepasa los $55 billones.

Esa es nuestra realidad económica -realidad que en lo que va de año se traduce en 431 asesinatos, 19 violaciones, 2,799 robos, 1,522 agresiones agravadas, 8,842 escalamientos, 15,023 apropiaciones ilegales y 3,209 robos de automóviles (sin contar la ola de suicidios, adicciones y quiebras).

Hoy más que nunca, y ante el desolador cuadro económico y social que vivimos, lo que el País pide a gritos es dirección -dirección en función de una visión coherente y ordenada de país que nos potencie hacia el futuro.

Puerto Rico no puede darse el lujo de perder más tiempo en superficialidades. Por eso el desfile sin fin de piezas legislativas mediocres que en nada abonan a la solución de nuestros más apremiantes retos tiene que acabar ya: ahí el proyecto para bautizar con el nombre de Pedro Rosselló el Centro de Convenciones de Puerto Rico (P. del S. 570); ahí el proyecto para profanar los natalicios de Eugenio María de Hostos, José De Diego, Luis Muñoz Rivera y José Celso Barbosa (P. de la C. 1387), con el cual se pretende acabar de desmemoriar a este País; ahí el ridículo intento de politiquear con nuestra bandera nacional (P. de la C. 1816).

Y mientras en Puerta de Tierra los legisladores de mayoría se desviven por hacer el ridículo, en el Palacio de Santa Catalina el gobernador Fortuño se empeña en imitar el modelo de Reagan y de Thatcher en el país equivocado y en el momento histórico equivocado (lo cual constituye otra modalidad de hacer el ridículo).

Lo interesante del asunto es que cada vez que el Gobernador desenfunda un curso de acción con ribetes ideológicos de derecha republicana –ya sea las recomendaciones del tristemente recordado CAREF, la Orden Ejecutiva OE – 2009 - 001, la Ley Núm. 7 y la Ley Núm. 29 sobre las alianzas público-privadas- tanto los legisladores como los alcaldes del PNP se le rebelan.

Y se rebelan porque reconocen que para gobernar a Puerto Rico con siquiera algún dejo de efectividad hay que posicionarse en el centro del espectro político y no en los extremos. He ahí el choque de trenes. Y cada vez que el Gobernador empuja hacia la derecha se le sublevan sus propios legisladores y alcaldes, hasta que finalmente se sofoca la rebelión al son de enmiendas legislativas impensadas, inconexas e incoherentes de último minuto que no son otra cosa que entuertos legislativos emblemáticos de la mogolla programática de un partido de gobierno que no tiene una visión coherente de país.

La controversia interna que se ha suscitado dentro del PNP a raíz de la legislación para reestructurar el proceso de permisos (P. del S. 880 y P. de la C. 1649) es ilustrativa de lo que anda mal con este gobierno. En principio se busca agilizar el proceso de otorgación de permisos centralizando responsabilidades y eliminando burocracia, partiendo de la típica óptica republicana de que el gobierno está ahí fundamentalmente para “mover” los grandes proyectos económicos de la empresa privada cueste lo que cueste porque después de todo “el sector privado se tiene que sentir que es dueño de Puerto Rico”.

Es desde esa óptica que la administración Fortuño intenta aprobar a la trágala una legislación de permisos que deja mucho que desear y cuyo impacto será funesto: centraliza toda la permisología a través de una oficina cuyos tentáculos serán operados por toda una retahíla de individuos privados con poder para expedir permisos sin una transición bien pensada que evite los serios conflictos jurisdiccionales que de seguro surgirán con la Junta de Planificación, con DTOP y con Recursos Naturales (y ni hablar de los conflictos de intereses); despoja a los municipios de las competencias que poco a poco han venido ganando y crea un desfase entre lo que ya se está haciendo a nivel de las comunidades y lo que se estaría diseñando a nivel del gobierno central.

Y como era de esperarse, inmediatamente se sublevó la Federación de Alcaldes para de la mano de influyentes legisladores de mayoría atacar el proyecto del Gobernador y acto seguido comienza la perniciosa danza de las enmiendas alocadas e inconexas para tratar de suavizar el impacto de una legislación que no debe de proceder de la forma en que originalmente fue concebida porque trastoca todo el andamiaje de permisología cuando aún ni existe en Puerto Rico un Plan de Uso de Terrenos, a pesar de que contamos con una densidad poblacional de 1,113 personas por milla cuadrada, con un desparramamiento urbano ya casi incontrolable, con un consumo altísimo de agua y de energía (461 litros diarios per cápita y cerca de 5,000 kilovatios anuales per cápita) y con sólo el 7.2% de los terrenos protegidos para fines de conservación.

Jamás gobierno alguno en Puerto Rico había detentado poder político tan absoluto con tanta absoluta ausencia de visión de país. Ante tan atronadora realidad, la pregunta obligada que nos tenemos que hacer una y otra vez (indistintamente de divisiones partidistas o ideológicas de status) es ¿Y dónde está el cambio?