Está por verse el impacto que tendría la reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la solución del creciente problema migratorio que sobrelleva la República Dominicana, pero lo que si resulta evidente es que la controversial decisión ha logrado ya dividir la opinión pública nacional, generar una corriente de rechazo en la comunidad internacional y probablemente crear un ambiente más difícil para aplicar las normas de control migratorio que ya existían en el país mucho antes de esta disposición.

Algunos estudios estiman en poco más de 200 mil los dominicanos de origen haitiano que serían afectados por la sentencia del alto tribunal, asignando al Estado Dominicano la dura tarea de acometer lo que se ha calificado como un genocidio civil contra ciudadanos que nacieron en territorio nacional, que ejercían la ciudadanía dominicana, que elegían presidentes y que en su mayoría no tienen un vínculo territorial, emocional o cultural con ningún otro país.

De lo simple a lo complejo. La duda razonable que surge en esta coyuntura es si las autoridades que no han podido frenar el sostenido flujo de ilegales a través de la frontera, para lo cual no se necesitaba un soporte jurídico extraordinario, ahora podrán enfrascarse con éxito en una tarea mucho más compleja y con mayor grado de dificultad tanto en el plano local como en el ámbito internacional.

Una expresión de la sabiduría popular dice que “el que puede lo mucho, puede lo poco”. En este caso habría que plantear la reflexión a la inversa: ¿Quién no ha podido lo poco, lo simple y lo fácil, podrá hacer lo mucho, lo complejo y lo difícil?.

Los haitianos en RD. El censo nacional del 2011 certificó la presencia de 458 mil haitianos en suelo dominicano, aunque el pasado director de Migración Sigfredo Pared Pérez estimó el más de un millón el número de migrantes del vecino país, especialmente por las consecuencias del terremoto del 2010, de lo que hay que inferir que la inmensa mayoría nunca ha ostentado la nacionalidad dominicana. Se supone que esas cifras no tienen nada que ver con los dominicanos de origen haitiano y de otras nacionalidades, incluyendo españoles, chinos, italianos y árabes, que constituyen el grueso de nuestra población.

Personalmente intuyo que el gobierno del presidente Medina, no se animará a ejecutar una política que convertiría en apátridas y en muertos civiles a más de 200 mil dominicanos de origen haitiano, a los que ni siquiera podría deportar sin el consentimiento de Haití o de otros países, generando un drama desde el punto de vista de los derechos humanos que desataría una lógica reacción de resistencia en el plano interno, y una inevitable campaña de denuncia en la comunidad internacional contra del Estado Dominicano por prácticas de neo racismo y apartheid.

El Caricom y la comunidad internacional. Una de las consecuencias predecibles de este proyecto de desnacionalización podría ser el surgimiento de un frente regional de los países caribeños y la declaración de un boicot de los 15 países miembros del Caricom a la solicitud elevada en el pasado mes de julio por el presidente Medina para lograr el ingreso de RD a esa comunidad.

Otra posible consecuencia no descartable es que los grupos de presión de Estados Unidos, Cánada y Europa promuevan un boicot contra el turismo dominicano, similar al movimiento que se articuló a través de numerosas organizaciones latinas y las redes sociales para boicotear económicamente al Estado de Arizona “por sus prácticas racistas y deshumanizantes” en perjuicio de los derechos humanos y civiles de los inmigrantes.

La responsabilidad del presidente Medina. Resulta cuesta arriba imaginar que el presidente Medina exponga al país a riesgos potenciales que podrían resultar catastróficos para la imagen y la economía dominicana, con el único y dudoso beneficio de capitalizar políticamente un sentimiento anti haitiano promovido por grupos ultra conservadores aliados de su partido, que si bien ha concitado ahora una significativa aprobación en diversos sectores de la sociedad dominicana, podría diluirse tan pronto se perciban los propósitos inconfesables que se esconden detrás de esta campaña, que por demás no tiene nada que ver con el simulado interés de resolver el problema migratorio.

Todo lo contrario. El efecto podría revertirse contra el país, creando condiciones más difíciles para aplicar las normas nacionales en materia de migración, un derecho soberano que nadie podría escamotearle al Estado Dominicano, pero que por lo visto es un tema secundario en la agenda forzada por la sentencia del Tribunal Constitucional. (13 de octubre, 2013)