Santo Domingo.- ¿Cuál es la imagen que ofrece el país como destino turístico cuando en cualquier lugar, incluyendo su principal centro urbano, los ciudadanos locales y visitantes tienen que someterse a la molestia de registros policíacos parecidos a los que solo se ven en películas de guerra o los que se producen en regimenes de excepción?.

Los llamados chequeos preventivos, que parecen dirigidos a combatir la delincuencia y presumiblemente el porte ilegal de armas de fuego, podría entenderse también como un nuevo esfuerzo de “marketing” del Gobierno para convencer a la opinión pública de que está haciendo algo para enfrentar el más serio factor de preocupación de la sociedad dominicana en este momento.

Sin embargo, no hay que ser demasiado avispado para inferir que ese mecanismo no funciona efectivamente para controlar la delincuencia, ya que permite un margen demasiado grande a los reales y potenciales delincuentes para burlar esa vigilancia.

Por lógica elemental se supone que ningún antisocial se someterá a ese control y al riesgo de ser detenido, si tiene la opción de evitarlo. Y claro que la tiene, porque los puestos de chequeo generalmente se avistan a suficiente distancia.

Quienes no pueden evadirlo son los ciudadanos que intentan ejercer su derecho al libre tránsito y que inevitablemente deben pagar el precio emocional, de tiempo y hasta de seguridad que se derivan de tales prácticas. En este punto vale referir el reciente incidente en que se vio envuelta la periodista Alicia Ortega, junto a su familia, que vivieron una embarazosa situación al ser mandados a detener por hombres armados que resultaron ser agentes policiales, pero que también pudieron haber sido delincuentes con uniformes, como ha sucedido en más de una ocasión.

De acuerdo a versiones periodísticas, el incidente se tornó sumamente tenso cuando miembros de la seguridad personal de la señora Ortega intentaron reaccionar frente a la actitud autoritaria de los agentes.

Hace algunas semanas también se produjo un incidente trágico en Sabana Perdida, cuando agentes que operaban un retén policial mataron a tiros a un joven que supuestamente intentó sacar un arma.

Sin embargo, hay una razón adicional que debería ser considerada a la hora de medir el impacto de esta modalidad de lucha contra la delincuencia. Se trata de la imagen de un país que vive del turismo y que pretende presentarse ante el mundo como un destino seguro y apacible.

Está claro que los retenes policiales, independientemente de sus buenas intenciones, proyectan la imagen de un país inseguro que debe recurrir a procedimientos excepcionales para enfrentar una situación que al parecer ha desbordado la capacidad de las autoridades. Y eso no es bueno para el turismo dominicano.