El autor es periodista. Reside en Monte Plata.

Todos los movimientos que se han realizados hasta el momento
indican claramente que los tentáculos de la justicia enfilan claramente hacia
el ex presidente Danilo Medina por su alegada estrecha relación con ex
funcionarios de su gobierno y familiares implicados en supuestas acciones de
corrupción.
Al ex mandatario le será sumamente difícil desligarse de las
bochornosas acciones de corrupción que se realizaron en su gobierno, lo que
le representó al Estado la pérdida de miles de millones de pesos que fueron
a parar a cuentas bancarias nacionales e internacionales de ex colaboradores.
Todas las investigaciones realizadas hasta el momento por el
Ministerio Público conducen claramente a la figura del ex presidente como
cabeza principal del entramado mafioso que operó en el Estado durante su
gestión de gobierno y que le costó a los dominicanos miles de millones de
pesos.
Una muestra de que la justicia tiene su mira en el ex mandatario es el
hecho de que los tribunales de la República han impuesto medidas de
coerción contra 18 personas que tienen vínculos estrechos con el Partido de
la Liberación Dominicana (PLD) o son allegados al expresidente Danilo
Medina y su familia.
Los imputados están involucrados en los casos de los sobornos de
Odebrecht y las denominadas operaciones Anti pulpo y Coral, estos dos
últimos instrumentados durante la actual gestión de gobierno del presidente
Luis Abinader.

Por Odebrecht se encuentra bajo fianza, con presentación periódica e
impedimento de salida, el exsenador por San Cristóbal y miembro del Comité
Político del PLD, Tommy Galán. Otros imputados peledeístas implicados
fueron favorecidos y sus expedientes archivados.

Galán es acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento
ilícito y lavado de activos, pues según el Ministerio Público desde el cargo de
presidente de la comisión de finanzas del Senado, influyó para que se
aprobaran contratos de obras millonarias a favor de Odebrecht a cambio de
dinero.

A este se suman, los señalados en la denominada Operación Anti pulpo
en la que fueron sometidos a la justicia los hermanos del exmandatario
peledeísta, Magaly y Alexis Medina Sánchez. Magaly está en libertad
condicional y Alexis en la cárcel de Najayo, en San Cristóbal.

Junto a los hermanos del expresidente fueron procesados y se le
colocó prisión preventiva como medidas de coerción a: Fernando Rosa,
expresidente de Fonper; Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y Aquiles Christopher, de
la Unidad de Análisis de la entidad estatal.

También a Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona,
y Wacal Vernavel Méndez Pineda, mientras que Domingo Antonio Santiago
Muñoz, tiene presentación periódica. Son supuestos testaferros o
prestanombres de Alexis Medina Sánchez.

Respecto a Rafael Germosén, excontralor general de la República y
Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, tienen arresto domiciliario.

El último de los casos denominado Operación Coral involucra al mayor
general Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió el Cuerpo de Seguridad
Presidencial (Cusep) durante la gestión de Medina, enviado también a Najayo
junto a la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán; el
coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro
José Montero Cruz. El coimputado Alejandro Girón Jiménez estará recluido
en una residencia de ubicación estrictamente confidencial para salvaguardar
su integridad física.

Al grupo se le atribuye estafar al Estado con más de RD$3 mil millones,
a través de un esquema que según el Ministerio Público, era nombrar en la
nómina policías y militares de manera irregular, con salarios de RD$20 mil y
RD$70 mil, con la condición de devolver entre el 80 y el 90 % de lo cobrado
cada mes.

Cuando fue implicado en el caso de Odebrecht, en el 2017, Víctor Díaz
Rúa, era secretario de finanzas del PLD. En los gobiernos peledeístas se
desempeñó como exministro de Obras Públicas (2007-2012) y exdirector del
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (2004-2007).
Es acusado de recibir sobornos y prevaricación en el ejercicio de sus
funciones y tiene como coerción libertad condicional.