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Luís D. Santamaría Santana

Mi observatorio: El pueblo tiene derecho a saber

El autor es periodista. Reside en Monte Plata
El pueblo tiene derecho a saber cuál fue el destino, donde fueron a
parar finalmente los US$130 millones dólares del ilegal e inconstitucional
préstamo de la Sun Land tomado durante uno de los gobiernos del
expresidente Leonel Fernández.
Así es, el pueblo tiene derecho a saber a dónde fueron a parar
definitivamente esos recursos que nunca se supo por más que por más que
quisieron justificar con distorsiones lograron convencer a la mayoría de los
dominicanos.
El único responsable de la desaparición de los recursos millonarios
procedentes ese préstamo es el ex presidente Leonel Fernández que todavía,
aún no ha podido demostrar y mucho menos convencer al pueblo de que se
hizo con ese dinero.
Más allá de los pormenores del asunto del préstamo entre el gobierno
dominicano y la Sun Land queremos destacar aquí los principales elementos
reveladores de todo este proceso, que es un tema pendiente de ser juzgado
en la justicia dominicana.
Es bueno recordar que la acusación que se presentó ante los
tribunales, por parte del Partido Revolucionario Dominicano y el Foro Social
Alternativo, no fue por el hecho de corrupción y lavado de activos envueltos
en la transacción con la Sun Land, sino simplemente porque la misma se
realizó sin que ésta fuera aprobada por el Congreso Nacional, tal como lo
estipula la Constitución Dominicana.
El caso de la Sun Land es un elemento revelador de las garras de la
corrupción enquistada en el Estado Dominicano, con todo su poder
económico-partidario.

Ese colectivo de funcionarios corruptos utilizó los recursos públicos, la
sobrevaluación de las obras, para mantenerse en el poder y para aumentar
los capitales de ese nuevo grupo económico al que pertenece una buena
parte del comité político del PLD, así como el líder del PRD minoritario,
Miguel Vargas Maldonado.
De hecho según reveló la investigación de Jaime Aristy los 130 millones
de dólares envueltos en el préstamo fueron a parar a las empresas de Félix
Bautista y a subvencionar la lucha intra-partidaria por la candidatura de
Leonel Fernández en contra de Danilo Medina (2007) y la campaña para
retener el poder en el 2008.
Según reveló Jaime Aristy Escuder las obras envueltas en la transacción
de la Sun Land –Remodelación del palacio de Bellas Artes, los parqueos de la
UASD, entre otros…,- fueron pagados dos veces por la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (OISOE); para que eso fuera posible Félix
Bautista logró que en el año 2007 se asignaran 2,767.6 millones adicionales al
presupuesto de la OISOE. Ese monto adicional fue igual a la suma de los doce
Notas Promisorias (pagos) que vencían en el 2007.
Un elemento a tener en cuenta en la operación de la ejecución de las
obras, que supuestamente se tenían que construir con el dinero de la Sun
Land, es que la empresa Consorcio Hemisferio Imperial, una empresa creada
por Félix Bautista en enero del 2007, fungió como principal contratista para
manejar los fondos provenientes del contrato con la Sun Land.
El Banco de Reservas, además, se prestó a permitir que un dinero
público fuera depositado en la cuenta de una compañía privada y que ese
dinero fuera manejado por Félix Bautista y sus compartes, según su
discreción y sus intereses partidarios y personales.
El caso de la Sun Land reveló a un presidente –Leonel Fernández-
violador de la constitución, al darle un poder a Félix Bautista para negociar un
contrato grado a grado, con una multinacional de la construcción por un
monto que necesitaba la aprobación previa del Congreso Nacional.

El caso de la Sun Land reveló, además, la postura de un congreso que
no asumió su papel de ser un fiscalizador del presupuesto nacional y del
dinero público.
De tal manera que cuando el congreso fue excluido por Leonel
Fernández de conocer y aprobar la transacción envuelta en el contrato con la
Sun Land,simplemente se quedó callado y renunció a su función de contralar
las ejecuciones del Poder Ejecutivo reñidas con la ley establecida.
Por otro lado el caso Sun Land reveló a una cúpula partidaria que
dispuso todo para tener un poder judicial dependiente de sus intereses y
decisiones; Leonel Fernández y Félix Bautista manejaron y dispusieron según
quisieron y dispusieron la creación y la composición de las llamadas Altas
Cortes.
De hecho, según revela Jaime Aristy Leonel Fernández y Félix Bautista
le habrían prometido la permanencia en el cargo al presidente y a algunos
jueces de los jueces de la Suprema Corte de justicia, a cambio de que no
declararan como institucional el contrato con la Sun Land, tal como habían
solicitado el Partido Revolucionario Dominicano el Foro Social Alternativo.
Se dice que a Subero Isa se le habría prometido permanecer en la
presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y que al vice-presidente, Luciano
Pichardo, se le había propuesto la presidencia del tribunal Constitucional.
La Suprema Corte declaró como inconstitucional el contrato de
préstamo con la Sun Land, el 18 de diciembre del 2008, pero señaló que solo
los presidentes de las cámaras de diputados y de los senadores podían
presentar la querella contra los responsables del hecho del contrato doloso
con el consorcio extranjero. Dicha “jurisprudencia” entra en contradicción
con elartículo 85 del Código Procesal Penal que señala que cualquier
ciudadano se puede querellar contra un funcionario corrupto.
Jorge Subero Isa diría el 28 de abril del 2013 que la decisión tomada en
el caso de la Sun Land, fue “política”; esto quiere decir que la Suprema Corte
–con la excepción del voto disidente de dos juezas y un juez- actuó así
motivada por presiones que vinieron desde el poder estatal, orientadas a

mantener en la impunidad  a los dos nuevos representantes de la neo-
monarquía dominicana.
Sabían que en el tema estaban envueltos dos personales poderosos:
Leonel Fernández, entonces presidente de la República, y Félix Bautista
quien, con dinero proveniente del manejo poco transparente de casos como
el de la Sun Land,–en los años 2007-2008-se convirtió en uno de los
principales sostenedores económicos de la campaña por la permanencia de
Leonel Fernández en el poder.
Es importante destacar la opinión disidente de las magistradas Ana R.
Bergés Dreyfous, Eglys M. Esmurdoc Catellanos y del magistrado Julio Aníbal
Suárez Dubernay, que votaron en contra de la decisión de la mayoría del
pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Estos pagaron, sin embargo, su coherencia con la separación del cargo,
cuando en el 2012 se eligieron los jueces de las Altas Cortes y con una falsa
acusación por parte de un Consejo de la Magistratura manejado por Leonel
Fernández, Félix Bautista y la corporación peledeista.
De hecho fueron acusados de que no habían actuado con
“imparcialidad e independencia”. Lo curioso del caso es que en la
conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia solo fueron
expresamente excluidos, quienes votaron de forma disidente por el caso del
contrato de la Sund Land.
Leonel Fernández, Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa, entre otros
peledeistas, fueron acusados ´públicamente en New York de ladrones, de
usurpadores de la cosa pública. Y aunque ha habido opiniones diversas sobre
las causas que provocaron tal acción, considero que dicha acción fue una
expresión de la indignación popular ante un grupo que ha desfalcado
impunemente las bienes del Estado, que ha endeudado al país hasta unos
niveles límites, que provocó un déficit fiscal de más de 200 mil pesos en el
2012 para mantenerse en el poder y que se ha convertido en una asociación
de malhechores enquistados en el poder.
El cinismo de la corporación (PLD-PRD-PRSC-FNP) ha llegado hasta el
extremo de que un comité intermedio del PLD en New York afirmó que las

protestas realizada en contra del presidente de la organización, Leonel
Fernández y compartes, “no fue contra el ex presidente del partido, sino
contra el gobierno, el PLD y su fundador, el profesor Juan Bosch”.
En esa misma línea de idea Félix Bautista se ha atrevido a decir
recientemente que si Juan Bosch viviera estaría orgulloso de él, porque él
siempre da la cara.  Esto sería lo que en el ambiente religioso se llama “un
sacrilegio”; es decir, una aberración, una profanación de la memoria del
profesor Bosch.
Se impone un pacto social entre todos los actores que luchan contra la
corrupción y defienden el uso transparente de la cosa pública; en ese pacto la
prensa crítica –la que no ha podido ser comprada por el oficialismo o por los
grandes grupos económicos- sigue teniendo un papel indispensable.
Entre éstos podríamos destacar a los diarios digitales como Acento y 7
Días.  Se hace urgente, además, la articulación de las organizaciones que
luchan en contra de la corrupción. Entre éstas es necesario destacar aquellas
que tienen la capacidad para sostener los procesos legales contra la
corrupción en los tribunales del país.
Para concluir es bueno recordar el sueño utópico del profesor juan
Bosch: “Los dominicanos sabemos muy bien que ningún peledeista se hará
rico con fondos públicos, si llegamos al poder”. Pero la realidad se ha
impuesto; ha dicho otra cosa. Por eso la larga lucha contra la corrupción y el
cinismo de la actual clase económico-partidaria apenas comienza.
Se necesitan mentes lúcidas, corazones resistentes, y voluntades
decididas a articular fuerzas y sectores sociales para gestar un proyecto
político alternativo que sea capaz de desplazar a la corporación (PLD-PRD-
PRSC-FNP), que tenga ética, principios y valores solidarios y que priorice el
bien común –la Política con mayúscula-,en el marco de la construcción del
paradigma de la Vida Digna.

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