Formalmente no he sido expulsado del Partido Revolucionario Dominicano. Hasta donde sepa, no he sido sometido a juicio disciplinario y ninguna instancia de la organización me ha notificado mi separación del Partido. Sin embargo, no tuve la suerte de Emmanuel Esquea Guerrero, Hipólito Mejía, Andrés Bautista, Orlando Jorge Mera y Geanilda Vásquez, que tuvieron “el privilegio” de ser advertidos y sometidos por lo menos a una caricatura de juicio disciplinario.

Simplemente constaté que había sido excluido de todos los organismos de dirección a los que había pertenecido, incluyendo el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política, la Secretaría Nacional de Comunicación y la Secretaría Nacional de Asuntos Municipales. Este proceso se inició a partir del 2009 tras instalación del nuevo “Cesar” del PRD, Miguel Vargas Maldonado, quien en su ejercicio ha inhabilitado e inmovilizado todos los organismos institucionales del Partido para ejercer una dirección política unipersonal.

Al parecer el jefe omnímodo del PRD no me perdona que durante los últimos siete años haya hecho causa común con el proyecto presidencial de Luis Abinader, a quien en el año 2005 le coordiné la exitosa campaña por la nominación senatorial de la provincia Santo Domingo, a la que renunció a solicitud de la dirección del Partido para entregarla al PRSC, y de quien actualmente soy uno de sus principales asesores de comunicación. Lo peor del caso es que mi exclusión no es un hecho aislado, sino la expresión de una práctica que se ha extendido a cientos de meritorios dirigentes que no están en la nómina de incondicionales de Vargas.

En la práctica Vargas Maldonado no solo se ha atribuido la facultad personal de decidir quién o no puede ser dirigente de PRD, sino también la autoridad para negociar a nombre del Partido y hasta para administrar y repartir el presupuesto y los recursos de la organización.

En mi caso he tomado las cosas con calma, apoyándome en la filosofía de que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, aunque en lo que tiene que ver con el mandato autocrático de Vargas Maldonado se sabe que debe concluir irreversiblemente a más tardar el 19 de julio del 2013, fecha en que se cumplen los cuatro años de su juramentación como presidente del PRD. El párrafo ll del artículo 172 de los estatutos del PRD establece de manera categórica que “El periodo de duración de las autoridades del Partido a nivel nacional y local será de cuatro (4) años”.

Afortunadamente la inteligencia colectiva del PRD no se equivocará en la ruta a seguir, tomando en cuenta que Vargas Maldonado no solo es la negación de la naturaleza y la historia democrática del perredeismo, sino también el camino directo al despeñadero, el mismo que él ha recorrido desde que ganó abrumadoramente la candidata presidencial en el 2008 y su elección como presidente del Partido en el 2009, que según sus propias palabras, al tomar juramento en el Centro de Convenciones de Sans Soucí, representó el 95 por ciento del apoyo de los perredeistas. He aquí sus palabras: “Nuestra candidatura a la presidencia del PRD ha sido favorecida por más del 95% de los perredeístas. He dicho y reitero, que somos todos, a través del voto, los que tenemos que decidir”.

Es evidente que ahora Vargas Maldonado representa una minoría cada vez más reducida y le huye como el diablo a la cruz a la posibilidad de someterse al veredicto de la mayoría que una vez le otorgó el mandato que trata de retener con el apoyo de fuerzas externas y de factores de poder acumulados mediante sus oscuros conciliábulos con Leonel Fernández. (20 de enero 2013)