Desde el mes de noviembre de 2009 hemos estado librando una dura batalla pública contra un odioso contrato otorgado por el presente gobierno en favor de una empresa minera internacional que en pleno siglo XXI ha venido a colonizar al sector minero nacional, con la complicidad de ciudadanos genuflexos y serviles que se sientan en despachos ministeriales, en asientos congresuales, en alcaldías municipales y en agencias publicitarias que venden sus servicios al mejor postor, aunque esos servicios sirvan para persuadir al pobre pueblo dominicano de que lo que le conviene a la Barrick le conviene al país.

Los funcionarios del presente gobierno han dicho una y otra vez que el contrato de la Barrick le garantizará al país el 50% de los beneficios de la explotación del oro, la plata, el cobre y el cinc de la mina de Pueblo Viejo, Cotuí, sin embargo, siempre hemos respondido que eso no es lo que dice el contrato, porque en ese nuevo contrato se ha eliminado el 25% de participación en las utilidades netas hasta recuperar una inversión inflada de 3,500 millones de dólares y hasta obtener una tasa interna de retorno de 10%; se le exonera del pago de impuestos y lo único seguro es un 3.2% de las ventas.

En varias ocasiones hemos dicho que un documento público, elaborado hace meses por el Director General de Minería, Octavio López, y por el presidente de la antigua Rosario Dominicana, José Ángel Rodríguez, dice que durante toda la vida del proyecto minero la Barrick va a entregar al Estado Dominicano US$3,202 millones, pero como el precio del oro ha alcanzado en este mes de noviembre de 2010 un valor record de US$1,400/onza, Fernando Sánchez Albavera, Director Ejecutivo de la Barrick, anuncia públicamente que si estos niveles de precios se mantienen, el Gobierno dominicano va a recibir durante toda la vida de la mina más de 5 mil millones de dólares, sin aportar nada, olvidando que ese depósito mineral, de clase mundial, es propiedad del pueblo dominicano.

Y la verdad es que a los precios actuales del oro, de US$1,400/onza, esa mina vale cerca de US$45 mil millones de dólares, y como el costo de producción es del orden del 15% del valor de las ventas brutas, tendríamos beneficios brutos del orden de los US$38,000 millones de dólares, y si de esa cantidad el Estado debe recibir un 50%, eso quiere decir que el Estado tendría que recibir, a lo largo de la vida de la mina, unos US$19,000 millones de dólares.

Pero si la Barrick Gold dice públicamente que el Estado va a recibir poco más de US$5,000 millones, eso quiere decir que la Barrick Gold se va a quedar con unos 14,000 millones de dólares, es decir, con unos 520,000 millones de pesos propiedad del pueblo dominicano, cantidad que equivale al presupuesto nacional de un año y medio, y con ese dinero podríamos resolver los problemas de viviendas de todas las familias que hoy día viven marginadas a orillas de ríos y arroyos en todo el territorio nacional.

Esta declaración de Fernando Sánchez Albavera, Director Ejecutivo de la Barrick, es una confesión que certifica lo que durante meses hemos dicho públicamente en el sentido de que ese contrato es una estafa en contra del pueblo dominicano, y a confesión de parte relevo de pruebas.

Pero además de que la Barrick se va a quedar con unos 14,000 millones de dólares que le corresponden al pueblo dominicano, nos va a dejar toda la contaminación ambiental que estas operaciones mineras a cielo abierto producen en su entorno, con el agravante de que la empresa ha iniciado sus labores de instalación de equipos e infraestructuras para la explotación minera sin la obtención de la correspondiente licencia ambiental, lo cual es una flagrante violación a la legislación ambiental dominicana vigente.

Hay que recordarle al país que la Compañía Placer Dome presentó unos estudios ambientales para explotar diariamente unas 12,000 a 15,000 toneladas métricas de mineral sulfuroso y aplicar una tecnología metalúrgica de bio-lixiviación, estudios con los cuales la Placer Dome obtuvo la correspondiente licencia ambiental, sin embargo al traspasar los derechos mineros a la Barrick Gold, esta última aumentó el volumen de mineral a explotar para llevarlo a unas 24,000 toneladas métricas diarias de mineral, y cambió la tecnología metalúrgica por la de oxidación a presión mediante autoclave.

De ahí que la empresa Barrick Gold carece de estudios de impacto ambiental que se correspondan con los volúmenes de mineral sulfuroso a explotar y con la tecnología metalúrgica que pretende implementar, y por tanto, este proyecto carece de la licencia ambiental requerida por la Ley 64-00 y que debe ser otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el proyecto que realmente va a ejecutar, pero la empresa viola la Ley 64-00 y el Ministerio de Ambiente se hace indiferente.

El país debe saber que este proyecto, de explotación minera sulfurosa a cielo abierto, potencialmente afectaría un área protegida, afectaría los ríos Yuna, Maguaca y Margajita, deforestaría parte importante de las cuencas hidrográficas de estos ríos, seguiría contaminando con metales pesados la presa de Hatillo, afectaría las zonas frágiles naturales del nordeste del país, y dañaría la zona arrocera del bajo Yuna, ya que la explotación de sulfuros minerales a cielo abierto produce aguas muy ácidas y transporta metales pesados diluidos en las aguas ácidas, muchos de los cuales son cancerígenos y/o bio-acumulativos, como el cadmio y el mercurio.

Pero además de los problemas anteriores, siempre existirá el potencial riesgo del derrame de las aguas cianuradas venenosas retenidas en la presa de colas, bien sea por filtraciones a través de estribos permeables de la presa, bien sea por infiltraciones a través de los sistemas cavernosos que caracterizan la zona, o bien sea por una falla estructural de la presa fruto de las presiones hidrostáticas (caso presa de Aznalcóllar en una mina de sulfuros en España), o fruto de un terremoto propio de una zona de muy alto riesgo sísmico, como la zona nordeste del país, donde cada 50 a 70 años se produce un gran terremoto y donde el último gran terremoto ocurrió el 04 de agosto de 1946, lo que indica que podríamos estar próximos a sufrir un gran terremoto cuyo epicentro esté en el bloque norte de la isla Hispaniola.

Como referencia importante debemos señalar que en este año 2010 la Unión Europea ha prohibido el uso del cianuro en las operaciones mineras, pero la Barrick Gold va a utilizar cianuro en su planta de procesamiento de minerales; y recientemente Costa Rica ha aprobado una ley que prohíbe las operaciones mineras a cielo abierto fruto de los graves impactos ambientales que ella produce, y las operaciones mineras de la Barrick Gold serán a cielo abierto, lo que indica que lo que en otros países se prohíbe aquí se permite libremente.

Con todo este fantasmal cuadro económico y ambiental definitivamente debemos admitir que lo que le conviene a la Barrick jamás le va a convenir a este pobre y sufrido país.