Existe en el país la extendida creencia de que los dominicanos somos incapaces de administrar un sistema de generación adecuado para satisfacer la demanda energética nacional, y que además carecemos de una cultura de pago que garantice la viabilidad financiera de este importante servicio. A esto se agrega el pobre desempeño de las autoridades del sector para ejecutar o facilitar diversos proyectos para desarrollar fuentes alternativas que permitan reducir la dependencia de los combustibles derivados del petróleo.

Sin embargo, en una pequeña comunidad de la provincia de Samaná, convertida durante los últimos años en el principal polo de desarrollo turístico de la Región Nordeste, el mito de la inviabilidad energética de la República Dominicana ha rodado por los suelos.

Ciertamente, en el municipio de Las Terrenas existe un sistema de suministro eléctrico sin subsidio estatal que garantiza energía 24 horas 7 días a la semana desde hace más de 18 años, donde se cobra la energía servida y donde se han puesto en marcha varios proyectos para sustituir los derivados del petróleo y disminuir el costo de generación, incluyendo la construcción del primer generador eólico comercial del país y la instalación de un parque para la generación con gas natural

Y otro detalle más insólito: la Distribuidora Luz y Fuerza de Las Terrenas acaba de anunciar una disminución de 2 a 7 por ciento en su tarifa eléctrica, traspasando a sus usuarios una parte de los ahorros obtenidos por el aumento de un 17 a un 35 en el uso de energía a base de gas natural. Y eso ocurre en un momento en que las distribuidoras estatales se han visto obligadas elevar su tarifa en un 8 por ciento, luego de otro aumento de un 11 por ciento, a pesar de contar con un subsidio que en los últimos cinco años se ha tragado alrededor de cinco mil millones de dólares.

Agréguele que el grupo eléctrico de Las Terrenas paga al Estado alrededor de 36 millones de pesos en impuestos cada año, impuestos que no pagan las demás distribuidoras, y entrega el 3 por ciento de la energía cobrada al Ayuntamiento local, con lo cual se asegura un adecuado servicio de iluminación pública. Además aplica una política de responsabilidad social corporativa que ha convertido a Luz y Fuerza en el principal soporte del desarrollo deportivo y de otras importantes actividades sociales.

No es temerario afirmar que si en el ámbito nacional se pudiera replicar el modelo eléctrico de Las Terrenas el país podría lograr no solo una sustancial mejoría en la calidad del servicio, sino también reorientar la gruesa inversión destinada a este barril sin fondo, hacia los sectores estratégicos del desarrollo nacional, incluyendo la educación, la salud y el empleo productivo.

Los dominicanos sí podemos

Es bueno apuntar que el responsable de la exitosa experiencia eléctrica de Las Terrenas no es un extraterrestre ni un experto contratado en Sudamérica, sino un ingeniero criollo egresado de Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, sobrino del ex presidente de la República, profesor Juan Bosch.

El ingeniero José Oscar Orsini Bosch, presidente de la compañía Luz y Fuerza y promotor de la Generadora Eléctrica de Samaná, de la Cogeneradora Eléctrica de Samaná y de la Generadora Eólica de Las Galeras, emprendió su proyecto empresarial en el año 1992, cuando el poblado de Las Terrenas se alumbraba con “jumiadoras” y donde los pocos privilegiados que contaban con plantas particulares, tenían que pagar por tres el precio de un kilovatio hora servido por la CDE, cuyas redes no llegaban a esa zona.

Es un hecho conocido que con la llegada de la energía de Luz y Fuerza, se inició el despegue turístico de Las Terrenas, que desde entonces ha multiplicado por cinco su población y se ha convertido en el buque insignia del producto turístico de Samaná.

Contra viento y marea

Claro, el empresario Orsini Bosch ha tenido que luchar contra viento y marea para desarrollar cada uno de sus proyectos. En los últimos años, la Superintendencia de Electricidad ha recurrido a todas las maniobras posibles para sacarla del mercado eléctrico, desde intentar quitarle una parte de su área de concesión, hasta prohibirle atender la demanda de nuevos proyectos del sector turístico en un área donde ninguna otra compañía tiene capacidad para prestar esos servicios.

Edenorte, que no ha logrado operar un servicio decente en su área de concesión , se ha prestado a vender energía subsidiada a una distribuidora apadrinada por el pasado superintendente Francisco Méndez, en El Limón, en una práctica que tiene todas las características de un intento de “dumping comercial” con fines inconfesables. Tanto así que la gerencia de Edenorte se ha negado, en contra de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, a mostrar el contrato acordado con la distribuidora Progreso El Limón, que depende exclusivamente de la energía subsidiada.

La última bellaquería de la Superintendencia contra Luz y Fuerza y contra la anunciada política del propio presidente de la República, de fomentar la producción de energía no convencional, fue engavetar la solicitud de permiso para utilizar la donación de una agencia gubernamental de Estados Unidos para la construcción de las redes de transmisión a fin de aprovechar la electricidad más barata del generador eólico de Las Galeras, construido en el año 2007.

Pero no es suficiente. Ahora Luz y Fuerza enfrenta una extraña alianza encabezada por el síndico local y dirigentes de organizaciones sociales de las Terrenas que reclaman una reducción de la tarifa eléctrica por encima de las propias posibilidades financieras de la empresa y que además han admitido públicamente que propondrán a la Superintendencia de Electricidad que le revoque la concesión para permitir que otras distribuidoras puedan operar en ese mercado, en violación de lo que establece la Ley General de Electricidad.

Respeto el derecho que tienen ciertos sectores de Las Terrenas de exigir energía más barata y un mejor servicio para los usuarios de Luz y Fuerza, que es intrínsecamente más barato y más eficaz que en cualquier otro punto del territorio nacional, pero pienso también que la sociedad dominicana tiene la obligación moral de defender el único modelo energético de factura netamente criolla que ha funcionado de manera eficiente en el país en los últimos 50 años.