Santo Domingo.- Probamente ningún presidente dominicano ha sustentado en términos formales un compromiso más consistente contra la corrupción que el que ha exhibido el actual mandatario, doctor Leonel Fernández Reyna.

Durante su primera campaña presidencial en el año 1996, el doctor Fernández no solo denunció la corrupción como factor primario de los grandes males del país, sino que además propuso que el ordenamiento jurídico nacional consagrara el principio de inversión del fardo de la prueba, para que los funcionarios públicos estuvieran obligados a probar el origen de sus bienes.

De hecho esta propuesta quedó establecida constitucionalmente mediante el numeral 3 de la actual Carta Magna, propuesta por el propio Fernández, que dice lo siguiente: "Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente.".

Ya en el discurso de toma de posesión de su segundo mandato, el 16 de agosto del 2004, Fernández había expresado sin margen de duda su decisión de enfrentar la corrupción. Y lo dijo con estas palabras:
“La corrupción es moral y legalmente inaceptable. Por tal motivo, durante la administración que desde hoy me corresponderá dirigir, tomaremos todas las providencias de lugar para, tal como establece la Convención Interamericana contra la Corrupción, prevenir, detectar, perseguir y castigar todo acto doloso que atente contra el patrimonio público”.

En pleno ejercicio de su tercer período, el 30 abril del 2009, el presidente reafirmó su discurso anticorrupción al encabezar el acto de puesta en circulación del "Plan Estratégico República Dominicana Transparente de Ética y Prevención de la Corrupción 2009-2012", donde aseguró que “desde el gobierno habrá tolerancia cero para todo aquel que cometa actos dolosos en las instituciones públicas del Estado”.

¿Y cuales han sido los resultados?

Lo acaba de certificar un organismo internacional de notable credibilidad. En su informe 2011-2012 el Foro Económico Mundial le ha otorgado a la República Dominicana el bochornoso privilegio de encabezar los 139 países evaluados en los renglones de corrupción, despilfarro y desvío de los fondos públicos; en otras palabras, campeón mundial de la corrupción.

Pero a pesar del colosal avance que ha tenido la corrupción durante la administración del presidente, en los últimos años ocho años ningún funcionario del Gobierno ha sido formalmente procesado y condenado por este delito.

Bajo la responsabilidad del presidente Fernández se han registrado hechos tan graves como la desaparición de 130 millones de dólares de un préstamo contratado por el Gobierno con la firma Sun Land, y cinco años después todavía no se sabe en cual o cuales de los bancos del país o del mundo fueron depositados esos fondos que debemos pagar los contribuyentes dominicanos.

También están pendientes de clarificación numerosos casos de sobrevaluación que envuelven miles de millones de pesos, dólares y euros, entre ellos:

La remodelación de Bellas Artes que se inició con un presupuesto de 600 millones de pesos y sobrepasó los mil 700 millones.

La construcción del puente sobre el Río Soco, que 13 meses antes de su inauguración (18 de enero 2009) el Ministerio de Obras Públicas anunció que costaría más de 600 millones de pesos y terminó costando mil 300 millones.

La cárcel construida en Higüey con una inversión de mil 200 millones de pesos, cinco veces los 242 millones de pesos que costó una similar que edificó la Procuraduría General de la República en Moca.

La Construcción del parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que se engulló más de mil 200 millones de pesos sin que nadie tenga idea donde se gastaron.

y el Residencial “El Progreso”, en la avenida Luperón, con tres torres de 17 pisos cada una, dos niveles de parqueos y un total de 180 apartamentos de lujo, cuyo costo no se conoce todavía, pero que probablemente superará por mucho el parqueo de la UASD.

El licenciado Danilo Medina, quien fuera Secretario de Estado de la Presidencia de Leonel Fernández durante seis años y como tal el principal responsable de poner en marcha las políticas públicas trazadas por el jefe del Estado, pero de quien no se conoce una sola iniciativa en este sentido, ahora ha retomado el mismo discurso. ¿Debemos creerle? (20 de febrero 2012)