En mis columnas anteriores les señalé que el liderato estadista, a pesar de sus aires de triunfalismo, jamás ha ido de frente y que cuando llegara la hora de la verdad no tendría la valentía de definir su propuesta de estadidad. Y así ha sido. Nuevamente se escuda detrás de un proyecto vacío, que francamente no dice nada, no define nada, no compromete a nada y que ni fecha propone para la celebración de las consultas para las cuales provee.

Y a esa caricatura de proyecto es a la cual el comisionado residente, en compañía del esclarecido republicano Lincoln Díaz-Balart, llama ejercicio de libre determinación. Tal caracterización es eminentemente fraudulenta. Resulta francamente indignante que se le quiera hacer perder el tiempo al país con un proyecto de status tan flojo, que ni siquiera cuenta con el respaldo unánime del liderato estadista que lo engendró.

Oponerse a este proyecto es una cuestión de principios. Y los principios ni se entregan ni se claudican. Los principios se defienden de frente. De cara al sol.

En primer lugar, no se puede respaldar un proyecto de status que parte de la indigna premisa de que el pueblo de Puerto Rico --- como cuerpo político --- necesita autorización del Congreso para ejercer su derecho de autodeterminación. Ni siquiera el moribundo proyecto de status del entonces comisionado Fortuño (H.R. 900) contenía tal lenguaje. La inclusión de lenguaje de tan arraigado talante colonial es inaceptable. No sólo es inaceptable como cuestión de principios, pero también como cuestión de Derecho.

Los autores del proyecto al parecer ignoran que la Asamblea Constituyente del Estado Libre Asociado --- de la cual formaron parte los líderes máximos del Partido Estadista Republicano (precursor del PNP) incluidos Miguel Ángel García Méndez, Leopoldo Figueroa y el propio Luis A. Ferré --- dispuso clara y categóricamente en su Resolución 23 (transmitida al Congreso y al Presidente Truman el 4 de febrero de 1952) que "el Pueblo de Puerto Rico retiene el derecho de proponer y aceptar modificaciones en los términos de sus relaciones con los Estados Unidos de América." La autoridad inherente del Pueblo de Puerto Rico para ejercer su derecho natural a la libre determinación es incuestionable, inextinguible y plenaria.

En segundo lugar, no se puede respaldar un proyecto que no define nada. Es altamente imprudente requerirle a un pueblo que decida su futuro a ciegas. Tal pretensión es a un mismo tiempo inaceptable y cruel. Después de 111 años de discusiones incesantes, de luchas internas y hasta de derramamiento de sangre, es hora que los puertorriqueños definamos nuestro destino en función de opciones de futuro definidas con especificidad y negociadas transparentemente.

De las 4 páginas que tiene el proyecto no se menciona ni una sóla vez la ciudadanía americana de los puertorriqueños ni el impacto que un cambio de status tendría sobre ese elemento vital de nuestra relación con los Estados Unidos; no se le dedica ni una línea al futuro de las relaciones económicas con Washington; no se hace alusión alguna a las condiciones de entrada a la Unión en caso de que prevalezca la estadidad en la segunda ronda. De la soberanía en asociación sólo queda establecido que sería una relación política entre países independientes. Eso es todo. En otras palabras, vota primero y negociamos después. Eso no es libre determinación.

En tercer lugar, no se puede respaldar un proyecto en el cual el Congreso no se compromete a hacer absolutamente nada. El proyecto no menciona por ninguna parte qué hará el Congreso toda vez Puerto Rico se exprese en las dos consultas. Esa parte se deja en el aire. Y la razón por la cual el comisionado residente y sus cabilderos dejan esto en el aire es porque saben que el Congreso jamás se comprometería a conceder la estadidad de antemano. Ante tan angustiosa realidad para ellos, dejan el asunto de la autoejecutabilidad en silencio. Y el derecho del país a la libre determinación que se vaya por el despeñadero.

Y, claro, al igual que el proyecto Fortuño-Serrano, este bill vuelve a la carga con la burda intentona de federalizar el ejercicio de libre determinación del pueblo de Puerto Rico, secuestrando así el proceso en la calle Chardón.

Ante tan opaco cuadro, ¿quedará alguien en Puerto Rico que honestamente crea que esto es un proceso legítimo de libre determinación? Ni los propios correligionarios del gobernador y del comisionado residente se lo creen. No sorprende entonces que sobre este proyecto no haya consenso ni aquí ni en Washington. Nuestro proceso de autodeterminación lo tenemos que iniciar aquí a través de un mecanismo democrático y transparente, para luego ir a negociar al Congreso. Y ese mecanismo, como discutiré en columnas futuras, es la Asamblea Constitucional de Status.

El H.R. 2499 pasará a la historia fugazmente. Será recordado como otro embeleco plebiscitario más en la larga cadena de entuertos congresionales que lejos de esclarecer el futuro del país lo enturbian aún más. Su destino final, luego del ceremonial de las vistas públicas y de la votación a nivel de la Comisión, será coger polvo en el mismo ataúd donde hoy para bien del país yacen los cadáveres del proyecto Fortuño-Serrano, del proyecto Young, del proyecto Tydings de 1936, de los dos proyectos de estadidad de Santiago Iglesias Pantín de 1934 y 1935 y hasta del proyecto de incorporación de Saulsbury de 1914.

Por cierto, no muy lejos de los huesos de Miles, Davis, Reily y Winship.

Dr. Rafael Cox Alomar
Abogado, 01 de junio de 2009 03:00 am