Santo Domingo.- Nadie, absolutamente nadie, puede decir con plena seguridad a que se debió la sustitución del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel en la dirección del Instituto Agrario Dominicano (IAD). Se trata de una medida cuya motivación solo la conoce y puede explicarla el Presidente de la República.

Y como es lógico en todos los gobiernos y siguiendo la tradición, es muy poco probable –por no decir imposible- que el Jefe del Estado se ponga a dar detalles y a precisar el germen de esa y cuantas disposiciones adopta a diario en el ejercicio de sus atribuciones.

De ahí en adelante, cualquiera que opine sobre este reemplazo (que algunos con intenciones malsanas se empecinan en llamar destitución) está sencillamente, conjeturando o especulando.

El término destitución debe emplearse cuando hay evidencias irrefutables de que la sustitución se ha producido a consecuencia de la comisión por parte del funcionario de un hecho irregular o por negligencia o incapacidad manifiesta.

Destitución y sustitución son términos que se emplean aquí antojadizamente en los medios de comunicación según las simpatías o antipatías que se tengan con el funcionario removido.

DEPRECO

Lo que ha llamado poderosamente la atención es la insistencia del director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, Otoniel Bonilla, en airear públicamente las que él supone anomalías cometidas por Rodríguez Pimentel en la construcción de un sifón en el río Nizao, en jurisdicción de Baní.

En tres ocasiones –y puede que haya más- Otoniel Bonilla se ha referido de motu propio (es decir, por propia iniciativa) a ese caso e incluso la primera vez, hace seis meses, utilizó palabras a todas luces desajustadas y prematuras, como aquellas que la prensa difundió como “corrupto patológico”.

Bonilla ha actuado evidentemente con poca sobriedad, restándole solemnidad a la imagen de su cargo, un fiscal especializado que debe moverse con pies de plomo. En este sentido, en el de las declaraciones públicas, ha debido emular al Presidente Leonel Fernández, que solo habla cuando debe de hacerlo.

Con sus expresiones extemporáneas –que recuerdan el balbuceo de los niños- Bonilla ha parecido más un relacionista público promotor de un espectáculo, que un fiscal imparcial con atributos para moverse en las arenas movedizas de la justicia.

Hasta el más simple de los ciudadanos entiende que si al director de Depreco llegan denuncias con méritos para ser investigadas, debe indagar en silencio, sin hacer anuncios apresurados intimidantes que hacen perder credibilidad al posible expediente, y solo referirse públicamente al tema cuando se haya tomado una decisión.

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El autor es periodista