Amy Goodman y Denis Moynihan

A medida que la temperatura del planeta aumenta, la emergencia climática se intensifica cada día un poco más. Las olas de calor, los incendios forestales, las inundaciones y los huracanes cada vez más frecuentes y potentes están costando miles de millones de dólares y provocando una migración humana sin precedentes que alimenta conflictos en todo el mundo. A pesar de la gravedad del problema, aún estamos a tiempo de dar buenas noticias. Mientras los Gobiernos se preparan para la próxima Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Egipto a mediados de noviembre, los avances que se están realizando para abordar el catastrófico cambio climático sugieren, contra todo pronóstico, que no todo está perdido.

En Estados Unidos —el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero del mundo—, el Senado aprobó lo que se ha descrito como la legislación en materia climática más importante en la historia del país. El proyecto de ley fue aprobado mediante el llamado mecanismo de “reconciliación”, que permite que una legislación sea aprobada con 50 votos, en lugar de los 60 habituales. La votación concluyó con 51 votos a favor y 50 en contra, incluyendo el voto de desempate de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Una vez que la Cámara de Representantes haya aprobado el proyecto de ley y el presidente Biden lo haya promulgado, se asignarán unos 370.000 millones de dólares para financiar una amplia gama de programas destinados a reducir las emisiones de carbono de Estados Unidos en un 40% para el año 2030, con respecto a los niveles de 2005. Gran parte de ese dinero financiará las exenciones fiscales y los incentivos para comprar e instalar equipamiento de energías renovables, como paneles solares y turbinas eólicas, así como también para invertir en el uso de energías limpias en la industria. Está previsto destinar hasta 60.000 millones de dólares a incentivos para llevar tecnologías eólicas, solares y otras tecnologías de energía renovable a comunidades pobres y marginadas que durante mucho tiempo han sido excluidas de los proyectos de inversión en energías verdes.

Sin embargo, principalmente para obtener el apoyo del senador demócrata de Virginia Occidental, el conservador Joe Manchin, el proyecto de ley incluye también algunas concesiones significativas, como grandes beneficios para la industria de los combustibles fósiles. Manchin ha hecho una fortuna personal valuada en millones de dólares gracias a su empresa familiar relacionada con la industria del carbón y es el mayor receptor de donaciones de la industria de los combustibles fósiles en el Congreso estadounidense. Una de las concesiones que obtuvo Manchin fue un acuerdo complementario para acelerar la emisión de permisos para proyectos de combustibles fósiles, incluido el controvertido gasoducto Mountain Valley. De construirse, dicho gasoducto transportará unos 57 millones de metros cúbicos de gas extraído mediante fracturación hidráulica a través de más de 1.000 arroyos y humedales de la región de los Apalaches, incluidas algunas zonas de Virginia Occidental.

La abogada y activista indígena Tara Houska, fundadora del Colectivo Giniw, expresó en una entrevista con Democracy Now!: “Para fomentar la inversión en energías renovables, están redoblando el apoyo a la industria de los combustibles fósiles. […] En pos de conseguir dólares e inversiones en energía renovable se le entrega a la industria de los combustibles fósiles, por adelantado, millones y millones de hectáreas de tierras y aguas de propiedad pública, para proyectos paralelos [de extracción de petróleo y gas]. Eso constituye un retroceso para la ley ambiental. Y todo eso para conseguir que se invierta en energías renovables. Esta no es una solución para combatir la crisis climática. La madre naturaleza no opera en dólares estadounidenses”.

Brett Hartl, director de asuntos gubernamentales de la organización ambientalista Centro para la Diversidad Biológica, calificó el proyecto de ley como “un pacto climático suicida”. En relación con la reducción del 40% en las emisiones de carbono de Estados Unidos que se espera alcanzar a través del proyecto de ley, Robert Weismann, presidente de la organización Public Citizen, dijo a Democracy Now!: “No es para nada suficiente, pero es un paso significativo. Es significativo si se considera que peor hubiera sido no hacer nada, que desafortunadamente era la otra alternativa que teníamos a disposición”.

Mientras tanto, en Colombia, este domingo se celebró la toma de posesión del primer presidente y la primera vicepresidenta de izquierda en la historia de ese país. El presidente, Gustavo Petro, es un exguerrillero que luego se desempeñó como senador y como alcalde de la ciudad de Bogotá. Por su parte, Francia Márquez hizo historia al convertirse en la primera afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia de Colombia. Márquez, ex empleada doméstica, es una reconocida líder social que fue galardonada con el prestigioso Premio Ambiental Goldman en 2018 por su trabajo para organizar a las mujeres de la comunidad de La Toma, en la región colombiana del Cauca, en su lucha contra la minería ilegal del oro.

Un elemento importante de la plataforma política del nuevo Gobierno es acelerar la transición hacia las fuentes de energía renovables y frenar la gran dependencia de Colombia de la extracción de petróleo y carbón.

Acerca de la propuesta del Gobierno de Petro de prohibir el “fracking” o fracturación hidráulica, Enrique Peñalosa, otro exalcalde de Bogotá, afirmó en Twitter: “[Prohibir el fracking] simplemente significa que se dejarán dólares de petróleo bajo tierra, que jóvenes colombianos tendrán menos oportunidades, que habrá menos obras públicas”. En respuesta, Petro expresó: “Hermano, el problema no es cuántos dólares quedan bajo tierra si no se hace fracking, sino cuántas vidas se pierden encima de la tierra, si se hace”.

Los verdaderos cambios se consiguen gracias al impulso de movimientos de base poderosos. Los nuevos líderes de Colombia lo saben bien. En Estados Unidos, el papel que desempeñan los movimientos populares a menudo se diluye ante el ejército de lobistas que inundan las oficinas de políticos y representantes gubernamentales con miles de millones de dólares de donaciones anónimas empresariales para financiar sus carreras políticas.

Rob Weismann, de Public Citizen, señaló que “[las conquistas positivas que incluye la nueva ley] no se hubieran conseguido sin la movilización social a nivel nacional y sin la campaña presidencial de Bernie Sanders, que pusieron este tema en agenda y lograron llevarlo al Congreso”.

Varshini Prakash, fundadora del movimiento Sunrise Movement, hizo un llamado a la acción. En un mensaje en su cuenta de Twitter publicó: “Este no es el proyecto de ley que mi generación se merece, pero es el que podemos obtener. Tiene que ser aprobado para que tengamos la oportunidad de luchar por un mundo habitable”. Y concluyó: “Los líderes juveniles les pedimos a los miembros del Congreso que aprueben este proyecto de ley y se pongan nuevamente a trabajar”.

© 2022 Amy Goodman

Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.