Los puertorriqueños de hoy vivimos tiempos de temporal. Las ráfagas se sienten por todas partes: una economía a la deriva, una marejada criminal imparable, una ausencia atronadora de solidaridad social y ante todo un gobierno descompuesto e incoherente sin visión ni misión. El problema no es tanto la ingobernabilidad de un andamiaje gubernamental desgastado y altamente centralizado, sino la filosofía de gobierno (o ausencia de ella) de quienes hoy detentan las riendas del poder público.

El problema con el gobernador y sus acólitos no es que se identifiquen como republicanos --- después de todo Lincoln fundó el Partido Republicano y por allí han desfilado figuras moderadas y respetables como Eisenhower, Dewey y Rockefeller. El problema es que se proclaman republicanos --- fieles creyentes en el gobierno pequeño, ágil y eficiente y en la no intervención del gobierno en la sociedad civil --- cuando en verdad su visión y sus políticas no son ni republicanas, ni demócratas ni democráticas. Lejos de ello.

Estamos ante un gobierno acaparador y de talante autoritario. De lo que se trata es de una administración que quiere echarle mano a todo: el Tribunal Supremo y la Rama Judicial, el Colegio de Abogados, la Universidad de Puerto Rico, los medios de comunicación, las instituciones culturales y religiosas, el trámite legislativo, los empleados públicos, los municipios a través de barriles de tocino de dudosa constitucionalidad, la empresa privada a través de la venta indiscriminada de los activos del gobierno, la franquicia electoral y hasta nuestro derecho a la autodeterminación a través del H.R. 2499.

Y ahora también arremete contra la autogestión comunitaria --- que no es otra cosa que ese limitado hálito de oxígeno con el que cuentan para poder sobrevivir y subsistir comunidades olvidadas y económicamente deprimidas como Barrio Obrero (Oeste y San Ciprián), Barrio Obrero-Marina, Buena Vista, la Parada 27, Las Monjas, Buena Vista, Israel-Bitumul y la Península de Cantera. Ese no fue el cambio que el pueblo pidió en las urnas el pasado 4 de noviembre.

La píldora venenosa de la legislación que el gobernador acaba de firmar está en la derogación del artículo 16 de la Ley Núm. 489 de 2004 (“Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña”). Fue precisamente conforme ese artículo 16 que las agencias públicas tanto del Municipio de San Juan como del Estado Libre Asociado que al momento de la entrada en vigor de la Ley Núm. 489 administraban, custodiaban, arrendaban o poseían terrenos en estas comunidades le transfirieron titularidad sobre éstos a la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña. Hoy como consecuencia directa de dicha legislación sobre 200 cuerdas de terreno le pertenecen colectivamente a la gente del Caño --- a través del Fideicomiso de la Tierra del Caño --- y no al gobierno.

Tanto el gobernador Fortuño así como el alcalde Santini justifican el desmantelamiento del Fideicomiso de la Tierra del Caño desde una óptica equivocada que deja entrever lo poco que conocen las difíciles realidades de ese pedazo importante de pueblo que vive a los márgenes del Caño. Pero hay más. En su frenesí politiquero por desmantelar ese creativo modelo de autogestión a nivel comunitario dejan al descubierto que francamente no tienen una visión de país --- que no sea darle rienda suelta al apetito voraz de los colmillús que siempre merodean por los pasillos del poder y que ahora con el desmantelamiento del Fideicomiso pudieran acaparar las tierras que de otra manera le corresponderían a la gente del Caño.

Y algunos se preguntarán: ¿Por qué hay que defender el Fideicomiso? ¿Por qué hace falta un modelo colectivo de tenencia de tierras en el Caño? ¿Qué se puede hacer ahora cuando ya el gobernador firmó el proyecto presentado por nada más y nada menos que el mismísimo Rivera Schatz?

Para encaminar las grandes transformaciones que la gente de estas comunidades pide a gritos --- es decir, para hacerle frente a las aguas negras, a las inundaciones, a la degradación ambiental, a la ausencia de salubridad, a las dramáticas carencias sociales y económicas de una amplia y diversa comunidad de 30,000 almas cuya vida discurre en unas 500 cuerdas de terreno rellenado a través de los años por escombros, residuos sólidos y basura --- hay que tender puentes y forjar alianzas respaldadas por el gobierno pero timoneadas por la gente de esas mismas comunidades.

Primero la gente. Esa fue la visión comunitaria que desembocó en la creación de la Corporación y del Fideicomiso. Esa ha sido la política pública del gobierno de Puerto Rico por más de 17 años (particularmente desde 1992 cuando el ex gobernador Hernández Colón firmó la Ley Núm. 20 de 1992 creando la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera). En ningún momento el pueblo de Puerto Rico le concedió un mandato a esta administración para alterar caprichosamente una política que está dando resultados y que inclusive acaba de ser reconocida hace apenas unos meses por la Asociación Americana de Planificadores con el Premio Davidoff.

En el fondo del Caño no está el negrito Melodía del inolvidable José Luis González, los que están son unos colmillús listos para el atraco y un gobierno débil y amoral que anda a la deriva. Es al pueblo a quien ahora le corresponde arremeter. Y el primer paso será luchar por la reivindicación judicial de los derechos propietarios de las comunidades del Caño. Es esa una lucha justa e impostergable.