La Corte Laboral del Distrito Judicial de Puerto Plata, acaba de emitir una sentencia que pone en el tapete dos temas que la sociedad dominicana tiene que poner muy claro, si quiere avanzar en su comercio y su desarrollo.

Se trata del monopolio del transporte de carga y de la distorsión y abuso que hacen del Código Laboral algunos sindicatos que se han constituido en empresas, pero quieren seguir fungiendo y actuando como sindicatos, porque les conviene a sus intereses empresariales.

El referido tribunal ha dictado sentencia en el caso del Sindicato de Transporte de Puerto Plata, eliminando el monopolio que ese grupo de transportistas mantenía para retirar las mercancías de los muelles, e indicando que dicho “sindicato”(así entre comillas) actuaba como un grupo empresarial, obviamente en perjuicio del empresariado de la zona que se perjudicaba de ese privilegio y de una competencia que se amparaba en la ley de manera distorsionada.

El temadel monopolio del transporte ha sido denunciado desde hace mucho tiempo por el empresariado nacional, pero al parecer, la fuerte alianza que han logrado armar las federaciones sindicales transportistas con los partidos políticos, han impedido ponerle el cascabel al gato, lo que en un adecuado razonamiento jurídico y conforme a derecho, hace la Tribunal Laboral de Puerto Plata.

Los monopolios son inconstitucionales y muy dañinos para el libre desenvolvimiento del comercio, actividad donde debe garantizarse que cada empresa negocie con el transportista que le oferte mejores precios y mejor servicio. Cuando no existe dicho elemento, los sindicatos monopolistas abusan estableciendo tarifas a su antojo, lo que perjudica la actividad comercial. Esto se vuelve peor, cuando esos sindicatos tienen poder político y económico, ya que actúan como un grupo de presión, que al estar dirigido, en muchos casos, por personas que no tienen noción de su responsabilidad social, emprende acciones violentas y chantajistas contra empresas y gobiernos, a los que en ocasiones han logrado doblegar.

Además, los monopolios del transporte, como los han calificado distintos sectores empresariales del país, constituyen uno de los principales escollos para mejorar el clima de negocios, atraer más inversiones, aumentar las exportaciones y generar empleos.

Quizás resulte un poco polémico, de acuerdo a la interpretación de la ley, la decisión de eliminar la condición de sindicato a los transportistas de Puerto Plata, en virtud de que el artículo 378 del Código de Trabajo, establece que los sindicatos se disuelven por una decisión de su asamblea general o cuando se produce el cierre de la empresa a la cual corresponde. Ya este es uno de los alegatos de FENATRADO en sus primeras declaraciones para oponerse a la decisión del tribunal laboral. Sin embargo, hay que recordar que otro artículo, el 382, señala taxativamente, que un sindicato puede ser cancelado solo si se dedica a actividades ajenas a sus funciones o se comprueba que el mismo ha dejado de existir. Ahí, en esa parte, y conforme a lo que establece este artículo, se encuentra el fundamento jurídico de la decisión del referido tribunal.

Consideramos que el empresariado junto a otras fuerzas sociales empeñadas en un país con reglas de juego claras y decididos de librarse de la dictadura de los transportistas y choferes, deben cerrar filas para demandar, como lo ha hecho ya la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), que el dictamen se convierta en un precedente de aplicación efectiva en todo el país, tal como lo establece la Constitución de la República.