Repugnancia producen los hechos que se desprenden de la muerte del arquitecto David Rodríguez García, que no se sabe si fue un suicidio o un homicidio inducido por sus prestamistas.

Lo que sí es cierto, conforme lo que dicen los familiares de este profesional, es son los actos de corrupción que padeció provenientes de personeros de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), institución que se ha demostrado es redundante en el organigrama del Estado y con razón hoy se solicita su eliminación.

Ganó un concurso para ampliar una escuela en el municipio de Peralvillo, Monte Plata, pero fue víctima, conforme sus familiares, de chantajes que le impedían recibir el pago de las cubicaciones a tiempo.

“Todo viene (el suicidio) por el soborno, él no quiso sobornar entonces le hicieron la vida imposible”, dice Eduardo Valdez, tío del occiso, quien define a la OISOE como una “cueva de ladrones” donde extorsionan a constructores para sacarle millones de pesos.

A Rodríguez García entonces lo estrangulaban económicamente y luego le prestaban dinero con el cual le compraba materiales de construcción a sus prestamistas. negocio bien redondo, bien redondo, propio de la mafia.

Muchos nos preguntamos en cuántas instituciones estatales ocurre lo mismo que en la OISOE, cuál es el porcentaje que tiene que pagar para que un contratista cobre por servicios prestados, en los ministerios de Educación , Obras Públicas, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado y otras.

No tengo ninguna esperanza del que todo lo acontecido alrededor de este hecho sea investigado hasta las últimas consecuencias, pues los peledeístas están blindados para impedir ser castigado por corrupción y lo hechos están a la vista de todos.

No es la primera vez que la OISOE ocupa la primera plana de los periódicos con la exposición de los hechos que producen asco, repugnancia, náuseas.

En la memoria del pueblo está fresco lo ocurrido con la remodelación del Hospital Dario Contreras, que fue licitado por 886 millones de pesos y termino en más de 1500 millones de pesos y aún no está funcionando a plena capacidad, hecho por el cual nadie ha sido investigado.

No hay sorpresa en las palabras de funcionarios del gobierno, de que se van a castigar a los culpables de hechos de corrupción, pues siempre ocurre siempre lo mismo: palabras sobre palabras y promesas sobre promesas de que se castigará a los corruptos, mientras éstos siguen cebándose del Presupuesto Nacional.

La historia es la misma de siempre: en eso de corrupción los peledeístas se protegen uno a otro. Por eso, la mayoría de los dominicanos cree en las investigaciones que hacen las autoridades judiciales en torno al caso es para buscar la manera de acallar a la opinión pública y, claro, sacar del chinchorro a los pejes gordos.