Santo Domingo.- En el año 2003, cuando la economía dominicana fue severamente afectada por la quiebra de tres de los principales bancos del país, el turismo no solo logró rebasar el impacto inmediato de la crisis, sino que además alcanzó un record histórico en el incremento de visitantes y el ingreso de divisas.

En ese año, el flujo turístico se incrementó en 19.5 por ciento, representando unos 450 mil turistas adicionales con relación al 2002. El flujo total de visitantes no residentes alcanzó 3 millones 282 mil, superando por vez primera la cifra de los 3 millones de turistas.

En ingresos de divisas, el turismo aportó 380 millones de dólares más que en el 2002, al totalizar 3 mil 110 millones, superando también por primera vez la marca de los 3 mil millones de dólares. Para medir la significación del turismo en la economía nuestra, bastaría resaltar que las exportaciones de productos tradicionales solo alcanzaron en el mismo año US$847.3 millones, mucho menos de la tercera parte de lo que registró la llamada industria sin chimenea.

Pero el desempeño del turismo dominicano en el año de la gran crisis no solo fue bueno para los tour operadores y los hoteleros, sino también para muchos otros sectores asociados, incluyendo al gobierno, la industria de la construcción, el comercio, el transporte, la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la cultura, la economía informal, y los cientos de miles de empleados directos e indirectos que dependen de esta actividad.

Un sector relegado

El punto viene a cuenta a propósito de los eventos internos que muestran el estado de indefensión que vive la principal industria del país, a pesar de ser el motor de la economía y principal aliado de los demás sectores productivos.

Ya no se trata solo de que el Gobierno le niegue al sector un presupuesto consecuente con sus necesidades y su importancia como buque insignia de la economía, tal como lo refleja el mantenimiento en el 2012 del mismo presupuesto que tenía el Ministerio de turismo en el 2005, sino también la persistencia de políticas públicas que reducen la competividad de la industria en una región donde todos los países que compiten con la República Dominicana adoptan estrategias cada vez más agresivas para mejorar sus ofertas y atraer más visitantes.

El turismo parece no tener doliente en el Estado, como lo refleja la indiferencia con que fue asumida la dramática apelación hecha en octubre pasado por el empresario Frank Rainieri, del Grupo Puntacana, quien exhortó a las autoridades a eliminar la onerosa indexación que aplica el Estado al precio del combustible usado en la aviación turística y de carga, un factor que ha encarecido considerablemente el costo del transporte aéreo hacia y desde la República Dominicana.

Dijo que la práctica es ilegal porque lo prohíbe un tratado internacional y agregó que pasa lo mismo con los aeropuertos, “que son zonas francas en cualquier parte del mundo, desde el país más retrógrado hasta el más moderno”. Ninguna autoridad no se dio por aludida.

El reclamo del Grupo Barceló

Tradicionalmente conservador en el manejo de su imagen pública, el Grupo Barceló, pionero de la inversión turística española en la República Dominicana tronó recientemente para quejarse por el tema de la seguridad jurídica, luego que cinco de sus principales ejecutivos en el complejo de Bávaro fueran condenados a cinco años de prisión en una litis de carácter civil y comercial, en una jugada que tiene todas las características de una confabulación entre el Ministerio Público, los jueces del tribunal colegiado y los representantes de un cliente moroso de Barceló cuyos bienes habían sido embargados por falta de pago y por negarse a entregar las llaves de unos locales ocupados luego de vencido el contrato de alquiler.

En un tono bastante fuerte y mediante un comunicado dirigido al Presidente de la República y al Presidente de la Suprema Corte, el Grupo Barceló reclamó seguridad jurídica para sus inversiones en la República Dominicana.

Tras recordar que esa corporación ha invertido cientos de millones de dólares en remozamiento y reconstrucción de sus instalaciones en Punta Cana, el Consorcio indicó que la decisión del tribunal fue recurrida por sus abogados y será conocida por un tribunal de apelación de San Pedro de Macorís, pero expresó que por la forma como se ha venido manejando la justicia en el caso, sus ejecutivos no tienen ninguna seguridad de que el recurso será manejado con imparcialidad.

Punta Cana, uno de los más prestigiosos destinos turísticos de América Latina, había sido escenario durante el año 2011 de los llamados “embargos asaltos” practicados por abogados que a base de sentencias complacientes, notificaciones en el aire y la ostensible connivencia de la fuerza pública, lograron ocupar y desalojar a la fuerza varios hoteles resorts, creando el pánico y el estupor de miles turistas que no podían entender que eso pudiera ocurrir en un país reputado en el exterior como un destino seguro para los visitantes y los inversionistas.

Ante esta secuencia de hechos y aunque el presidente Fernández se encuentra en el tramo final de su gestión, la pregunta obligada es si las autoridades van a mantener hasta el final el sesgo notoriamente desafecto a la actividad que mayor éxito económico le ha reportado al país en los últimos 20 años. (11 de febrero 2011)