Por Manuel Díaz Aponte

Lula, tras salir de las filas sindicales metalúrgicas de Brasil emergió como un gran líder para toda América Latina y fue un presidente que cautivó a más de un continente por su ascendencia social, sencillez y discurso esperanzador. Sin embargo, el cáncer de la corrupción administrativa podría sepultarlo luego de ser condenado a nueve años y medio de prisión.

El juez Sergio Moro ha dispuesto una condena contra Luiz Inácio Lula Da Silva de nueve años y medio de prisión y una prohibición para ejercer cargos públicos por 19 años.

No obstante, nada de esto se ejecutará hasta que la sentencia sea ratificada por un tribunal de segunda instancia tras conocerse el recurso de apelación.

¿Cómo digerir la transformación en el tiempo de un dirigente político que se convirtió en el más popular del planeta para estar ahora bajo investigación judicial por supuestos actos de corrupción?
El juez de primera instancia de Sao Paulo, Sergio Moro, lo ha condenado por su implicación en delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, donde supuestamente recibió sobornos por 1,1 millones de dólares de la empresa estatal Petrobras.
Seguidores de Lula han salido a las calles a solidarizarse con él y advierten que el principal propósito de esa acción jurídica es sacarlo de la competencia política para los comicios del 2018, donde según sondeos se perfila como favorito.

El propio ex mandatario brasileño dijo que la condena en su contra tiene carácter político y adelantó que luchará contra quienes buscan “sacarme del juego político”
El fenómeno político de Lula se extendió no tan solo por los 8.5 kilómetros de extensión territorial de Brasil sino que se propagó a nivel internacional, promovido inclusive por la propia oligarquía que aunque a regañadientes tuvo que aceptar su ascenso al solio presidencial después de cinco intentos fallidos.

Los sectores conservadores brasileños comenzaron a respetar al otrora líder sindical metalúrgico de Sao Bernardo Do Campo, en el Estado de Sao Paulo, tras su ascenso vertiginoso en el escenario internacional y los elogios que recibía de líderes mundiales como el ex presidente de Estados Unidos, George Bush; el ex primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair y el ex mandatario estadounidense, Barack Obama, quien llegó a calificarlo como “el político más popular del planeta”.

Inclusive el poder mediático brasileño como los rotativos Folha de Sao Paulo, Jornal Do Brasil y O Globo que mantuvieron una férrea oposición a la elección de Lula a la presidencia de Brasil entre el 1 de enero del 2003 al 1 de enero del 2011, redujeron sus criticas en la medida en que su liderazgo internacional iba aumentando.

El cineasta norteamericano Oliver Stone incluyó la figura de Lula y de otros líderes políticos latinoamericanos en su película “Al sur de la frontera”, estrenada en el 2009 en el Festival de Cine de Venecia.

Crisis Brasileña
Desde mayo del 2016, cuando se produjo la destitución de la presidenta Dilma Rousseau por el congreso bajo acusación de que violó normas fiscales para maquillar el déficit presupuestal, Brasil está sumergido en una profunda crisis política e institucional. Muchos consideraron esa acción como un “Golpe de Estado Parlamentario”.

El propio presidente golpista Michel Temer está acusado por un fiscal de actos de corrupción por lo que amplios sectores sociales vienen solicitando que sea destituido del cargo.

La corrupción pública ha sido un mal endémico en Brasil y más de una generación de políticos que han ostentado el poder han sido acusados de corrupción, como el ex presidente Fernando Collor de Mello, destituido del cargo en 1992 tras un juicio político en el Congreso.

Durante la dictadura militar que se extendió entre 1964-1985 también la corrupción hizo estragos en la nación suramericana.
Si finalmente Lula es sentenciado en segunda instancia y su apelación al proceso en marcha no obtiene resultados positivos estaría siendo llevado a prisión por los delitos de corrupción que se les imputan, inhabilitándolo simultáneamente como aspirante a la candidatura presidencial del año venidero.
Conscientes de esa realidad los máximos dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) han salido a las calles para defender a su líder y a presionar para intentar revocar la medida judicial.

La barra de abogados que integran la defensa del ex presidente Lula apelará la sentencia que lo condenó a nueve años y medio de cárcel por corrupción y advirtieron que llevarán el caso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York.
“Estamos apelando y probaremos su inocencia en todas las cortes imparciales, incluyendo las Naciones Unidas”, dijo a la prensa internacional uno de los abogados de Lula.

El juez Moro determinó que el ex mandatario recibió sobornos de la empresa constructora OAS, una de las más grandes de Brasil.
Asimismo el expediente contra Luiz Inacio Lula Da Silva dice que entre las ventajas recibidas están un lujoso apartamento tríplex de 215 metros cuadrados en un complejo nuevo en Guarujá, en el litoral del Estado de Sao Paulo. A cambio de estos "favores", el ex mandatario habría facilitado contratos millonarios a esa compañía con Petrobras, de acuerdo a la investigación de las autoridades judiciales.

Sociedad Civil

En Brasil al igual que toda América Latina el sistema de partidos está bajo cuestionamiento de la sociedad que observa cómo una oligarquía política se roba los recursos del Estado para beneficio particular.

El latrocinio instituido desde el poder genera mayor pobreza entre la población y aumenta la desigualdad social así como el deterioro de los servicios públicos. La mayoría de los hogares latinoamericanos todavía carecen de sistema de agua potable, energía eléctrica y de alcantarillo pluvial y sanitario.

El movimiento de protestas impulsado por la sociedad civil va en aumento tanto en la República Dominicana como en otras naciones del continente, con las denuncias en las calles por los atropellos y exclusiones sociales que genera la corrupción administrativa.
La Fundación Justicia y Transparencia estima que en la República Dominicana la corrupción pública se lleva anualmente más de 120 mil millones de pesos, según datos difundidos en los medios de comunicación.

En otro orden, el ex presidente de Perú, Ollanta Humala y su esposa, la ex primera dama, Nadine Heredia, guardan prisión preventiva de 18 meses por el escándalo de corrupción de Odebrecht.