SANTO DOMINGO RD .- Este martes, la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá medidas de coerción al empresario Jochy Gómez, de Transcore Latan SRL, al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras,  y compartes, vinculados al caso Camaleón.

Esta audiencia viene luego del aplazamiento el pasado sábado, decisión adoptada por el tribunal a solicitud de las defensas de los imputados, bajo el argumento de conocer en detalles las acusaciones formuladas por el Ministerio Público contra sus clientes.

El Ministerio Público pide prisión preventiva para todos los involucrados y la declaratoria del caso complejo. En este caso está representado por la magistrada Mirna Ortiz, directora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

La operación Camaleón surge de una investigación de supuestas irregularidades en contrato entre el IIntrant y la empresa Transcore Latan SRL.

Además de Gómez y Beras, están siendo imputados Samuel Gregorio Baquero Sepulveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del centro de control de tráfico; Frank Díaz, y Carlos José Peguero Vargas, acusados de asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios y falsedad de escrituras, entre otros cargos.

Allanamientos en Operación Camaleón

Durante la operación Camaleón se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En este operativo participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.

Según el Ministerio Público, en los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias, las cuales presuntamente confirman las imputaciones del Ministerio Público. Por esta razón, el órgano persecutor ha calificado la operación Camaleón como una de las “Más exitosas” contra el crimen organizado.

Según el Ministerio Público, la solicitud de medida de coerción cuenta con elementos suficientes para que el tribunal acoja el pedimento del árgano. Esto, en cuanto a la medida de coerción a imponer y la declaratoria de complejidad del proceso.

Los representantes del Ministerio Público revelaron que cuentan con el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo. Asimismo, cuenta con el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix. Supuestamente utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. Así como, con evidencia sobre el sabotaje en contra de la red semafórica en el mes de agosto, temas que son objetos de la imputación.