Santo Domingo RD.- La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que en la Operación Lobo se están imputando tanto a quienes pagaban sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas, como a quienes los recibían.

“Aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de Justicia”, expresó Ortiz la noche del lunes, al salir de la audiencia donde el Ministerio Público concluyó con la presentación de su solicitud de prisión preventiva contra militares y civiles vinculados al caso.

“Siempre se nos ha criticado, con los casos pasados, se nos ha criticado, de que teníamos los sobornados sin los sobornantes o los sobornantes sin los sobornados. Aquí están sobornados y sobornantes; esperamos la respuesta del sistema de Justicia”, agregó la magistrada.

Cabe destacar que, por lo avanzado de la hora, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, recesó la audiencia para este martes 15 de julio, a las 2:00 de la tarde.

Imputados en la Operación Lobo

El órgano persecutor identificó como imputados en la Operación Lobo al mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como a los coroneles de esa institución Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.

A la lista de apresados también se suman el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía, Ramón Quezada Ortiz, y el señor Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

El grupo habría afectado al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y a las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edeeste y Edesur.

Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. También se le imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.

En lo relativo al lavado de activos, se les acusa en base a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

La investigación

La Operación Lobo fue puesta en marcha la pasada semana «como parte de las acciones del Ministerio Público contra la corrupción y la impunidad». En ella participaron 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público, con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional.

La investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.