Santo Domingo, RD.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Luis Henry Molina Peña, afirmó este jueves que gracias al esfuerzo que han hecho jueces, juezas y servidores judiciales se ha podido garantizar la continuidad de la administración de justicia en el país, a pesar de la crisis sanitaria que ha significado el COVID-19 a nivel mundial.  

Molina Peña se refirió en esos términos al pronunciar su discurso en la Audiencia Solemne a propósito del Día del Poder Judicial, celebrada en la Sala Augusta de la SCJ, la cual contó con la asistencia del presidente de la República, Luis Abinader; el presidente del Senado, Eduardo Estrella; de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; miembros de las Altas Cortes y otros actores de la vida nacional.  

El presidente de la SCJ aseguró que el Poder Judicial ha sido capaz de dar continuidad a la administración judicial en todo el país, pese a la complejidad de su organización y estructura, hasta lograr la reactivación escalonada de los servicios ordinarios, cumpliendo con los protocolos sanitarios. 

“El Poder Judicial ha cumplido con su mandato constitucional, asegurando la continuidad de la administración de justicia, garantizando la independencia de cada jueza y cada juez y protegiendo los derechos fundamentales de la población. A juicio nuestro, en estas circunstancias, el Poder Judicial ha cumplido”, sostuvo.  

Ante la amenaza que se cernía sobre la administración de justicia durante la pandemia, Molina Peña manifestó que se puso en marcha un sistema de emergencia, basado en soportes digitales, que no solo permitió continuar con las labores mediante teletrabajo, sino también celebrar audiencias aun cuando las personas no podían moverse a los tribunales.   

“Lo que en circunstancias normales habría tomado años debió ser realizado en meses, incluso semanas”, enfatizó.  

Durante su discurso, Molina Peña también señaló que se ha cumplido el objetivo de despachar más casos de los que se reciben. En tal sentido, precisó que, conforme a datos de la Secretaría General de la SCJ, entre junio de 2019 y diciembre de 2020, ingresaron a tramitación 8,304 nuevos recursos; no obstante, en ese mismo periodo la Suprema Corte falló 11,637 casos.  

 Además, indicó que la incorporación de la firma electrónica hizo posible la realización de 47,863 trámites y certificaciones entre los meses de abril y noviembre. También, recordó que se han actualizado los Boletines Judiciales correspondientes al período 2017-2020, sumado a la publicación en el portal institucional de 110 boletines que recopilan sentencias pronunciadas por la SCJ entre 1910 y el año pasado.  

“Es posible un Poder Judicial independiente, fuerte y diligente, respetado y cercano, confiable y seguro de que su labor se sustenta en los lineamientos éticos establecidos en su sistema de integridad y transparencia. En esa dirección hemos trabajado y continuaremos sin descanso hasta asegurar ese propósito”, sostuvo. 

Respecto al Registro Inmobiliario, el juez presidente explicó que se ha puesto en marcha medidas administrativas y nuevos servicios que son pasos de crecimiento para el país y un soporte para los sectores productivos. 

“La República Dominicana se encamina a lograr un sistema de registro inmobiliario a la altura de las demandas internacionales y locales: un conjunto de servicios sustentados en una estructura ágil, transparente, moderna, digital, autosostenible y accesible para todos los usuarios y usuarias del sistema”, dijo.   

Sobre la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), el juez presidente argumentó que esta ha jugado un rol preponderante en el acompañamiento, capacitación y soporte a los procesos, logrando así posibilitar que cada día más personas puedan tener acceso a la opción de la asistencia tecnológica con programas abiertos de capacitación.  

La audiencia solemne se realizó en el marco de las recomendaciones y disposiciones adoptadas por el Gabinete de Salud y las medidas preventivas amparadas en el artículo 4 del Decreto 740-20 del Poder Ejecutivo. 
 
Por motivos de prevención, se dispuso limitar al mínimo la presencia de personas dentro de la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia.