Santiago de Chile, CHILE.- Delegados de 24 gobiernos de América Latina y el Caribe, representantes del público y expertos de organismos internacionales dieron comienzo hoy a la Octava Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (conocido como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile.

En el encuentro se continuarán con las negociaciones para alcanzar un inédito instrumento legal a nivel regional que proteja y regule los derechos de todas las personas respecto de las decisiones que afecten el medio ambiente.

La reunión fue inaugurada este lunes 27 de noviembre por los Copresidentes del Comité de Negociación Patricia Madrigal, Viceministra de Ambiente de Costa Rica, y Marcelo Mena, Ministro del Medio Ambiente de Chile, junto a Danielle Andrade y Andrea Sanhueza, representantes electas del público, y Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo que ejerce la Secretaría Técnica de este proceso.

En la sesión se dieron a conocer además mensajes especiales (vía video) de la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

En su mensaje, la Presidenta de Chile indicó que Latinoamérica y el Caribe tiene la “oportunidad única de acordar el primer tratado ambiental de la región”. “Las 24 delegaciones presentes en esta reunión tienen la responsabilidad de mejorar el bienestar de 500 millones de personas y por eso debemos enfocarnos en lo que nos une: la urgente necesidad de lograr un desarrollo sostenible y una equidad ambiental, profundizando el Principio 10 de la Declaración de Río”, indicó la Mandataria.

“No podemos transar. Este proceso de negociación solo será exitoso si acordamos instrumento que no replique mínimos comunes que ya tenemos hoy día. La realidad nos demanda ir más allá y hacer cambios profundos en nuestra forma de relacionarnos con la ciudadanía”, agregó Bachelet.

En tanto, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL recordó que “los derechos de acceso consagrados en este Principio 10 están en el corazón de la Agenda 2030 y se manifiestan en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta negociación es reflejo del compromiso de nuestra región con las metas y objetivos establecidos en esa Agenda”, declaró Bárcena.

“Garantizar a todas las personas, en condición de igualdad y sin discriminación, los derechos de acceso oportuno y efectivo a la información ambiental, a participar en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente y a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes, es un elemento central para combatir la desigualdad y avanzar hacia la sostenibilidad del desarrollo”, insistió la alta funcionaria de las Naciones Unidas. “Estos derechos garantizan que las necesidades de los grupos más vulnerables sean tomadas en cuenta y que nadie quede atrás. Están también íntimamente relacionados con los derechos humanos”, enfatizó.

Al iniciar esta nueva ronda de negociaciones, Joseluis Samaniego destacó por su parte la importante participación del público en el proceso, así como los esfuerzos de los países del Caribe para estar en esta negociación pese a las dificultades que han debido enfrentar en los últimos meses fruto de los desastres naturales. “Este proceso da cuenta de la relevancia del multilateralismo y la integración regional para avanzar en la sostenibilidad ambiental del desarrollo. Contar con un instrumento armonizado nos permitirá construir políticas medioambientales de mejor calidad”, recalcó.

La Viceministra Patricia Madrigal recordó que hace cinco años, diez países de América Latina y el Caribe firmaron la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 en la región. “Ahora ya son 24 las naciones que han expresado su voluntad de participar en un proceso de construcción de lo que significa aplicar,  desarrollar, proteger, tutelar y garantizar el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, y continúan sumándose más países”, dijo.

“La aspiración de contar con un Acuerdo Regional nos ha permitido promover las sinergias, ha puesto el tema en la agenda política y estableció un diálogo con la sociedad civil”, explicó Madrigal. “Este acuerdo regional previene la conflictividad socio ambiental, fortalece el Estado de Derecho y reestablece el balance de los diferentes actores sociales e institucionales”, agregó.

El Ministro Marcelo Mena indicó que, en la recta final de las negociaciones, “mientras mantengamos la ambición se fortalecerá la democracia y la equidad ambiental en cada uno de nuestras naciones, para proteger el medio ambiente y aportar al respeto de los derechos humanos de los ciudadanos”.

“Chile apoya un acuerdo que sea vinculante. Un tratado es el camino que nos permitirá proteger el medio ambiente y los derechos de la ciudadanía, garantizando no solo altos estándares, sino también una institucionalidad robusta”, declaró la autoridad chilena.

Las representantes electas del público, Andrea Sanhueza y Danielle Andrade, insistieron en la necesidad de que las negociaciones permitan alcanzar un acuerdo sustantivo, genuino y realista, que pueda hacerse efectivo y genere así un impacto positivo en la vida de las personas.

Al mismo tiempo, expresaron también su preocupación por la marcha que han mostrado las conversaciones. “Hemos llegado a un punto de inflexión.  Esta es la última oportunidad de enmendar el rumbo y retomar el espíritu original del proceso. No podemos permitir que los derechos ambientales y sociales continúen siendo los parientes pobres del desarrollo sostenible. Es por eso también que el acuerdo debe asegurar la protección de los defensores ambientales”, declaró Sanhueza.

La octava reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Principio 10 continuará durante la semana con la discusión de de los aspectos sustantivos del acuerdo sobre la base de la séptima versión del texto compilado por la Mesa Directiva de proceso, que integra las propuestas de texto de los países recogidas en la anterior reunión realizada en Buenos Aires, Argentina, en julio y agosto pasados.