El hecho ocurrió el 29 de julio en la Avenida España, en Santo Domingo Este. Los mismos fueron arrestados y puestos a disposición de la justicia, según el medio de comunicación Noticias Oriental del periodista Julio Benzant.

Según narra, cuando regresaba de España, fue interceptada mientras viajaba en un taxi desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, los agresores, Clara Rosa Yoli Gerónimo, Ronny Alberto Monzón Sánchez, Luis Ángel Taveras Herrera y Edwin Yurier Martínez Araujo la obligaron a subirse a un vehículo oficial.

Según el Ministerio Público, la mujer manifestó que le robaron una considerable suma de dinero, estimada en 1,200 dólares estadounidenses y 10,000 pesos dominicanos, antes de trasladarla a un lugar apartado, donde la sometieron a violación sexual. Durante todo el proceso, los agresores la amenazaron con armas de fuego, obligándola a no pedir ayuda.

En un momento desgarrador de su testimonio, Colas relató que, entre lágrimas, imploró a sus agresores que la dejaran ir porque tenía hijos que cuidar. "¡Por favor, déjenme ir, tengo hijos!" Sin embargo, a pesar de sus súplicas, los agresores continuaron con los abusos.

El caso fue denunciado el mismo día de los hechos, y la Unidad de Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar inició la investigación.

Al grupo de cinco, incluyendo una sargento de policía, les serán conocidas medidas de coerción este miércoles tres de septiembre, en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santo Domingo Este, en la avenida Charles de Gaulle.

 Identificación de los agresores:

Los responsables mencionados en los documentos son:

 Clara Rosa Yoli Gerónimo (Sargento de la Policía Nacional), Ronny Alberto Monzón Sánchez (Raso de la Policía Nacional) Luis Ángel Taveras Herrera (Miembro de la Armada Dominicana), y Edwin Yurier Martínez Araujo (Miembro de la Policía Nacional)

Características del Abuso:

El hecho es extremadamente grave, ya que no solo involucra violaciones sexuales, sino también amenazas de muerte con armas de fuego, robo de dinero y el uso del poder institucional para mantener a la víctima bajo control.

Además, la víctima fue llevada de un lugar a otro, lo que demuestra la deliberada intención de los agresores de aislarla y someterla a abuso físico y psicológico.

El hecho de que los agresores fueran funcionarios públicos añade una capa de impunidad percibida. La víctima denunció los hechos y fue recibida por las autoridades en la Unidad de Violencia de Género.