Santo Domingo RD.- La propuesta de disminuir a la mitad los recursos asignados a los partidos para mitigar los efectos de la crisis económica internacional provocó que el liderazgo político apele a referencias directas a leyes vigentes que, a su juicio, inciden en la aplicación de la eventual medida.

Fuera del rechazo de la oposición que generó la propuesta del Gobierno, la discusión de los dirigentes se trasladó a marcos legales como la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, la Ley de Presupuesto para el Sector Público y la propia Constitución. 

El exsecretario general y aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, calificó la propuesta como "ilegal e inconstitucional", al considerar que el Poder Ejecutivo "no tiene facultad para reducir unilateralmente" los fondos asignados y que cualquier modificación debe pasar por el Congreso Nacional.

En específico, Mariotti citó la Ley 423-06, sobre Presupuesto del Sector Público que, en su artículo 48, establece que el Poder Ejecutivo no puede modificar el total de gastos aprobados por el Congreso ni trasladar fondos entre partidas o capítulos sin someter un proyecto de ley para su aprobación.

En detalle, mencionó el artículo 212 de la Constitución que dispone que la Junta Central Electoral (JCE) es un órgano autónomo con independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera. Según la ley 20-23, sobre Régimen Electoral, el órgano comicial es quien distribuye los fondos de los partidos de acuerdo a las votaciones obtenidas por las organizaciones en las últimas elecciones.

La ley de partidos políticos

De su lado, presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, expresó su respaldo al recorte en el contexto de la crisis internacional, pero advirtió que la decisión debe ejecutarse conforme al marco legal vigente. 

Al hablar así, se refirió a la ley que norma a los partidos políticos y que, en sus artículos 59 y 61 establece que el patrimonio de los partidos incluye las contribuciones del Estado y dispone que los fondos públicos deben distribuirse en un 80 % entre partidos con más del 5 % de los votos, un 12 % entre los que obtuvieron entre 1 % y 5 %, y un 8 % entre los de menor votación.

El expresidente de la JCE, Roberto Rosario, consideró que la discusión sobre la reducción del financiamiento a los partidos no debe centrarse únicamente en criterios económicos y explicó que el financiamiento público responde a "la necesidad de garantizar condiciones mínimas de competencia".

El dirigente de la Fuerza del Pueblo advirtió que cualquier modificación a estos recursos debe analizarse con cautela, ya que incide directamente en el funcionamiento de las organizaciones políticas y en la dinámica electoral.

Asimismo, planteó que el debate debe ampliarse más allá del monto del financiamiento, incorporando elementos como la transparencia en el uso de los recursos y el fortalecimiento institucional del sistema de partidos.

De su lado, el ministro Sigmund Freund, en su condición de delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), llamó a los partidos políticos a debatir y analizar la propuesta al indicar que el plan va de la mano con la petición de la oposición sobre el "nivel de sacrificio" que debe aplicar cada sector.

"Es una cuestión de que nosotros estamos proponiendo como partido político de Gobierno de que nosotros, los partidos políticos, también hagamos nuestra cuota de sacrificios", manifestó Freund.