Santo Domingo RD.- La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si existen elementos suficientes para enviar a juicio de fondo o no a los implicados en el caso denominado por el Ministerio Público como operación Camaleón o caso Intrant (Caso Camaleón).

El expediente involucra al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y al empresario José Ángel “Jochi” Gómez Canaán, acusados de presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación del contrato para la modernización y gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Según la investigación, la convocatoria para la licitación pública nacional fue publicada los días 20 y 29 de febrero de 2023 en periódicos de circulación nacional, estableciendo que las ofertas económicas debían ser depositadas en sobres sellados hasta el 11 de abril de ese mismo año. En el proceso participaron 21 empresas interesadas, entre ellas Transcore Latam SRL.

Cronología del caso Intrant–Transcore Latam

20 y 29 de febrero de 2023

El Intrant publica la convocatoria de la licitación pública nacional para la modernización y gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

 

11 de abril de 2023

Vence el plazo para la recepción de ofertas económicas presentadas en sobres sellados. Participan 21 empresas interesadas, entre ellas Transcore Latam SRL.

2023

El contrato es adjudicado a Transcore Latam para la implementación del sistema inteligente de gestión de tráfico y modernización de la red semafórica.

2023-2024

Surgen cuestionamientos sobre el proceso de contratación y la ejecución del proyecto, lo que motiva investigaciones de los órganos de control y del Ministerio Público.

Octubre de 2024

El Ministerio Público pone en marcha la denominada Operación Camaleón, mediante la cual realiza allanamientos y arrestos vinculados a la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato.

Son sometidos a la justicia el exdirector del Intrant, Hugo Beras, el empresario José Ángel “Jochi” Gómez Canaán y otros implicados por presuntos delitos de corrupción, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.

2025-2026

El proceso continúa en los tribunales con el conocimiento de medidas cautelares, presentación de pruebas y audiencias preliminares para determinar si los imputados serán enviados a juicio de fondo.

Decisión de la magistrada

La decisión que adopte la magistrada Rivas determinará si el proceso avanza a la etapa de juicio de fondo o si procede una decisión distinta respecto a los imputados. 

Trayectoria judicial de la magistrada

Yanibet Rivas inició su carrera judicial como jueza titular del Juzgado de Paz de Pueblo Viejo, Azua, quedando a disposición de los distritos judiciales de Azua, Baní, San José de Ocoa y del departamento judicial de San Cristóbal.

Posteriormente se desempeñó como suplente de jueces de Primera Instancia en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, juzgados de la instrucción ordinarios y de niños, niñas y adolescentes, así como en tribunales colegiados, acumulando experiencia en diversas áreas del Derecho.

Entre 2016 y 2019 fue trasladada al Distrito Nacional como jueza de Paz en funciones itinerantes, adscrita a los juzgados de la instrucción de esa jurisdicción. Más adelante fue ascendida a jueza titular del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de Atención Permanente.

Durante su carrera ha conocido procesos de alto interés público, entre ellos el caso Maconi, el fraude financiero de Inversia, el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, los hechos de corrupción vinculados a la OMSA, el asesinato del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera y procesos relacionados con las investigaciones contra César el Abusador.

Además de su labor en los tribunales, se desempeña como docente en la Escuela Nacional de la Judicatura, la Universidad Federico Henríquez y Carvajal y la Universidad Experimental Félix Adam, donde imparte y coordina diplomados en materia penal.

La magistrada cuenta con una maestría en Derecho Judicial y otra en Derecho Procesal Penal, además de múltiples cursos, talleres y diplomados especializados en el área penal y procesal penal.