La Habana, CUBA.- La magistrada Martha Díaz Villafaña, jueza presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, destacó los aportes del Poder Judicial dominicano en materia de igualdad de género durante su participación en el Panel “Género y Justicia: un binomio necesario”, celebrado durante el X Encuentro Internacional Justicia y Derecho 2022 que se lleva a cabo en La Habana, Cuba.      

Al socializar y producir un intercambio de experiencias de lo que ha sido la perspectiva de género en el Poder Judicial dominicano, la magistrada Martha Díaz presentó una línea del tiempo de los avances del Poder Judicial en dicha materia, partiendo desde el año 2000, y lo que implicó la construcción de una jurisprudencia hacia la igualdad.      

Recordó que, en el año 2000, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en atribuciones constitucionales y en virtud de los principios de Igualdad y no Discriminación, declaró inconstitucional el artículo 1463 del Código Civil, que establecía que la mujer tenía un plazo de 3 meses y 40 días para declarar la aceptación de la comunidad legal de bienes, y en caso de que no lo hiciera, era renunciante a los bienes de la comunidad.       

Agregó que en el año 2007 el Pleno de la SCJ aprobó la Política de Igualdad de Género del Poder Judicial, cuyo reglamento de aplicación se aprobó en el año 2010.       

El principio rector de dicha ordenanza es la Transversalidad de Género, cuya operatividad se sustenta en técnicas analíticas y educativas.       

Como técnica analítica, el Poder Judicial puso en funcionamiento un Observatorio Judicial, con la finalidad de visibilizar la brecha de género, las buenas prácticas y formas de sexismo (androcentrismo, insensibilidad de género y familismo).       

Respecto al desarrollo de técnicas educativas, el rol de la Escuela Nacional de la Judicatura ha sido fundamental en la sensibilización y formación continua de los operadores del sistema de justicia en igualdad y no discriminación.      

Para garantizar la tutela judicial efectiva y la no revictimización de la mujer dominicana que acude a los tribunales del orden penal, la magistrada Díaz explicó que, a finales del año 2019, el Consejo del Poder Judicial aprobó la Guía de Buenas Prácticas para el manejo de los casos de Violencia doméstica, Intrafamiliar y de Género en todas las etapas del proceso penal.        

Citó dos sentencias paradigmáticas que han constituido la fuente material de los avances actuales respecto a la legislación actual de protección de los Derechos de la Mujer.      

Explicó que, durante la pandemia por el Covid, la Escuela Nacional de la Judicatura diseñó un curso masivo en línea, con acceso a la comunidad jurídica y judicial nacional e internacional, con la finalidad de dar a conocer las recomendaciones para el tratamiento de los casos de violencia, tipo penal que constituye una de las mayores formas de discriminación contra la mujer.      

Se recuerda que el Poder Judicial inició un proceso de implementación del sello Igualando RD en el Sector Público, el cual busca generar cambios en la gestión de las instituciones para incrementar la competitividad, la productividad y la promoción de acciones, encaminadas a eliminar brechas de género y aumentar la participación y las oportunidades laborales equitativas entre mujeres y hombres.      

El panel tuvo la intervención especial de la doctora Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte Justicia de México, y fue conformado por Gloria Lucía Bernal Acevedo, de Colombia; Rufina Hernández, de Cuba; y las integrantes de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia de Iberoamérica, magistrada Martha Díaz Villafaña, María Soledad Granados Zambrano, de Chile, y Zaira Girón Anadón, de Puerto Rico.     

La magistrada Martha Díaz Villafaña forma parte de la delegación del Poder Judicial dominicano que participa en Cuba del X Encuentro Internacional Justicia y Derecho 2022, que tiene como objetivo fundamental propiciar el debate, la reflexión y el intercambio de experiencias entre los operadores de los sistemas judiciales de los países participantes.