Santo Domingo RD .- Con la aceptación de los hechos por Lisandro José Macarrulla Martínez, siete personas y una empresa implicadas en la operación Medusa han admitido su culpabilidad ante el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por acusaciones de corrupción administrativa liderada presuntamente por el ex procurador Jean Alain Rodríguez.

Los acusados Carlos Augusto Guzmán Oliver, César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, la empresa La Parasata Mercantil, Fausto José Cáceres Santerio, y Francisco Arturo Santos Gómez admitieron su culpabilidad, luego de que cada uno arribara a un acuerdo con el órgano acusador, mediante el cual colaborarán con el proceso.

Asimismo, el empresario Macarrulla Martínez, hijo del exministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla, admitió este viernes, que pagó en efectivo y en su oficina los sobornos sobre los hechos que se le imputa de formar parte del entramado de corrupción.

Macarrulla Martínez, manifestó que luego de haber sido adjudicado el lote 5 de la construcción del Centro Correccional La Nueva Victoria, se le acercó un señor exigiendo el porcentaje del dinero, pero que al inicio la empresa MAC Construcciones se opuso.

Por otro lado, el empresario indicó que en cuanto al tema de unas laptops se le exigió pagar las facturas que después de una orden de cambio “la compañía se dio cuenta de que nunca se entregaron las mismas y procedió a adquirirla, pagarlas y evidentemente a entregarlas”.

Según lo planteado por el órgano acusador, el exprocurador general encabezó una estructura de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República de 2016 a 2020.

En este proceso el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.