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República Dominicana fue distinguida en los Antitrust Writing Awards 2026 gracias a la guía elaborada por Pro-Competencia, que ofrece mecanismos concretos para identificar y denunciar prácticas anticompetitivas en las compras públicas
Destacan a República Dominicana como referente regional en políticas de competencia tras obtener premio internacional
Washington D.C.- La “Guía de Prevención y Detección de Colusión en Compras Públicas”, elaborada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) de la República Dominicana, recibió un reconocimiento internacional en los Antitrust Writing Awards 2026, un certamen que distingue los aportes más sobresalientes a la investigación y promoción de la competencia económica en todo el mundo.
Este galardón representa un respaldo a los esfuerzos de la institución dominicana en la lucha contra las prácticas anticompetitivas en las contrataciones públicas.
La premiación, organizada anualmente por la editorial jurídica Concurrences y el Centro de Derecho de la Competencia de la Universidad George Washington, distingue trabajos en más de 28 categorías.
La guía dominicana resultó la más votada entre los países de América en la categoría “Soft Laws & Studies”, un apartado que resalta instrumentos, estudios e informes técnicos que promueven la conciencia antimonopolio a nivel internacional.
Según informó Concurrences, en la edición 2026 se presentaron más de 1,500 trabajos, incluyendo más de 400 artículos académicos y alrededor de 700 artículos empresariales.
La guía de Pro-Competencia se impuso en la votación por su contribución a la prevención de la colusión en las compras estatales, una problemática que puede provocar pérdidas millonarias al Estado y comprometer la transparencia en el uso de los recursos públicos.
¿Qué es la Colusión y por qué combatirla?
La colusión en compras públicas es un acuerdo secreto e ilegal entre empresas que deberían estar compitiendo. En lugar de ofrecer su mejor precio y calidad para ganar un contrato estatal, las empresas se reparten el mercado, fijan precios o manipulan las licitaciones.
Las consecuencias son devastadoras para la economía nacional:
1. Sobrecostos: Según estimaciones de la OCDE, la colusión puede inflar los precios entre un 20% y un 30%.
2. Baja Calidad: Al no haber competencia real, las empresas no tienen incentivos para innovar o entregar servicios de excelencia.
3. Erosión de la Confianza: El fraude en las licitaciones debilita la credibilidad de las instituciones públicas y fomenta la percepción de corrupción.
Innovaciones de la guía Dominicana
La guía destaca por su enfoque práctico y su alineación con la Ley de Contrataciones Públicas (Ley 47-25) y los estándares de la OCDE. Su valor reside en convertir conceptos complejos en herramientas de uso diario para los funcionarios.
- Detección de “Señales de Alerta” (Red Flags)
El documento instruye a los encargados de compras sobre cómo identificar comportamientos sospechosos:
• Similitudes en las Ofertas: Presentación de documentos con errores tipográficos idénticos, mismos formatos o metadatos de archivos que sugieren que una sola empresa redactó todas las propuestas.
• Patrones de Adjudicación: Observar si los ganadores se alternan sistemáticamente (“hoy tú, mañana yo”) o si ciertas empresas siempre se retiran a último momento.
• Precios Anómalos: Ofertas que son significativamente más altas que el valor de mercado o que presentan una cercanía matemática inusual entre competidores.
- Herramientas de Autoevaluación
La guía incluye listas de verificación (checklists) que permiten a los comités de compras evaluar el riesgo de un proceso antes de que se adjudique.
- Fortalecimiento de la Denuncia
La integración de la nueva Ley 47-25 asegura que estas prácticas tengan un respaldo legal para sancionar severamente a quienes atenten contra el patrimonio público.
Por lo que, este galardón internacional no es solo un logro institucional para Pro-Competencia; es una garantía para el contribuyente dominicano. La implementación de esta guía asegura que cada peso invertido por el Estado sea gestionado en un entorno de transparencia y competencia real, lo que se traduce en mejores obras, mejores servicios y un sistema democrático más robusto.
