Persistirá en la administración la presencia de figuras vinculadas a la gestión anterior junto con la asunción de varias prioridades en seguridad
La presidenta Laura Fernández toma posesión en Costa Rica y mantiene gabinete de continuidad
COSTA RICA.- Rodrigo Chaves permanecerá en el poder ejecutivo de Costa Rica como ministro de la Presidencia y de Hacienda tras dejar la presidencia este viernes, en una transición sin precedentes que concentra dos de las carteras más estratégicas del Estado en el expresidente saliente.
La nueva mandataria, Laura Fernández, de 39 años, asume la presidencia este 8 de mayo en el Estadio Nacional de San José ante delegaciones de 71 países, entre ellas la del rey Felipe VI de España, el panameño José Raúl Mulino y el ecuatoriano Daniel Noboa. La ceremonia, prevista originalmente para las 13:00 horas, se adelantó dos horas para evitar las tormentas vespertinas habituales.
La herencia de Chaves y un gabinete sin ruptura
Fernández ganó las elecciones del 1 de febrero con el 48.3 % de los votos, el margen más amplio en 32 años, bajo la bandera del conservador Partido Pueblo Soberano.
Fue ministra de la Presidencia y de Planificación durante el Gobierno de Chaves, renunció para lanzar su candidatura y, tras ganar, regresó al mismo cargo ministerial hasta la investidura, algo sin antecedentes en el país.
El gabinete que presentó el 5 de mayo en el Teatro Melico Salazar convirtió el eslogan de la continuidad en algo literal. Chaves asumirá simultáneamente las carteras de Presidencia y Hacienda, una doble titularidad inédita que generó sorpresa en la oposición, especialmente porque la Constitución prohíbe la reelección presidencial consecutiva.
Las carteras de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Educación, Cultura, Comunicación y Obras Públicas también quedaron en manos de figuras del Gobierno saliente.
La oposición advierte una paradoja: Chaves, quien durante su mandato mantuvo tensas relaciones con el Poder Judicial, el Legislativo, la Contraloría General y el Tribunal Supremo de Elecciones, será ahora el encargado de negociar con esas mismas instituciones desde la jefatura de la Presidencia.
Una economía sólida, una seguridad frágil
Fernández recibe un país con cifras económicas que respaldan la continuidad. El crecimiento de 2025 llegó al 4.6 %, aunque el Banco Central anticipa una desaceleración al 3.5 % para 2026 y 2027.
Durante la administración Chaves, la deuda pública bajó del 67 % al 58.3 % del PIB, el desempleo se redujo del 12 % al 6.3 %, y la pobreza cayó del 23 % al 15 %. El turismo y las exportaciones crecieron un 0,8 % y un 14 %, respectivamente, en 2025.
El contraste con los datos de seguridad es marcado. Costa Rica registró 873 homicidios en 2025, la tercera cifra más alta de su historia, con una tasa de 16,7 por cada 100,000 habitantes. Las autoridades atribuyen más del 60 % de esos crímenes a disputas entre bandas narcotraficantes.
Según el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, el país funciona como un centro logístico del narcotráfico: los grupos del crimen organizado reciben cargamentos desde Suramérica y los redistribuyen hacia Estados Unidos y Europa. La encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica revela que el 73.1 % de la población espera que el nuevo Gobierno mejore la situación general del país.
Mano dura y reformas judiciales en la agenda
Para enfrentar la inseguridad, Fernández plantea medidas de mano dura contra el crimen organizado, reformas al Poder Judicial y la posibilidad de suspender garantías individuales en zonas de alta conflictividad.
La propuesta de levantar derechos constitucionales en territorios específicos es una de las más debatidas de su programa.
Costa Rica abolió su ejército en 1948 y construyó durante décadas una reputación de democracia estable en una región convulsa. La segunda mujer en llegar a la presidencia del país —tras la socialdemócrata Laura Chinchilla, que gobernó entre 2010 y 2014— asume con el mandato de preservar esa imagen mientras combate una violencia que el Estado aún no ha logrado contener.

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