Nueva York, EEUU.- La Fiscal General de Nueva York Barbara D. Underwood, encabezando una coalición de 23 estados, condados y ciudades, pidió hoy al administrador en funciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) Andrew Wheeler que retire la propuesta "dañina y profundamente defectuosa" de su predecesor para censurar la ciencia en la Agencia.

La convocatoria fue parte de los detallados comentarios legales y técnicos presentados por la coalición sobre la regla propuesta por el administrador de la EPA, Scott Pruitt, de "Fortalecer la transparencia en la ciencia regulatoria".

Esa regla propuesta excluiría de la toma de decisiones de la EPA cualquier estudio científico, modelo y otra información importante que haya sido validada por la revisión de expertos simplemente porque no todos los datos subyacentes están disponibles para el público. La coalición sostiene que, además de tener "poco sentido como una cuestión de ciencia", la propuesta es "arbitraria y caprichosa, viola el control de la ley federal y contiene errores claros en el razonamiento". La coalición afirma que "están listos para seguir adelante” y buscar remedios legales si la EPA persiste en este esfuerzo equivocado".

"La llamada Regla de Transparencia Científica no tiene nada que ver con la ciencia y tiene que ver todo con intereses especiales", dijo la Fiscal General Underwood. "En lugar de garantizar que la EPA utilice la mejor ciencia disponible en la toma de decisiones, la regla propuesta haría lo contrario: censurar, excluir y socavar la ciencia a costa de nuestra salud y el medio ambiente. Esta regla abriría aún más la puerta de la EPA de Trump para que la política y los intereses corporativos impulsen las decisiones, y no es más que un ataque cínico, peligroso e ilegal sobre la base misma de nuestras leyes ambientales y de salud pública. Si la EPA no abandona este plan de censura científica, los veremos en el tribunal".

Los comentarios fueron dirigidos por la Fiscal General Underwood y el Fiscal General de Nueva Jersey Gurbir Grewal y firmados por los Fiscales Generales de Nueva York, Nueva Jersey, California, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oregon , Pensilvania, Washington y el Distrito de Columbia; el Secretario del Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania; y los Abogados del Condado King (WA) y las ciudades de Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Oakland, Filadelfia y San Francisco.

En los comentarios, la coalición argumenta que la EPA está legalmente prohibida de adoptar la regla propuesta porque está directamente en conflicto con los requisitos legales con respecto a la consideración de la información científica de la EPA. Ningún estatuto ambiental federal permite, ni sugiere, que la EPA pueda ignorar los estudios científicos "más recientes" o "mejores" o "diseñados y conducidos apropiadamente" cuando los datos subyacentes no son públicos. Como han señalado organizaciones científicas destacadas, la revisión por expertos de evidencia científica se realiza rutinariamente a pesar de que los datos subyacentes no están disponibles públicamente, ya que a menudo hay muy buenas razones, como la protección de la privacidad y confidencialidad personal, y los intereses de propiedad y derechos de propiedad, por lo cual algunos datos de investigación simplemente no pueden estar completamente disponibles.

Al comprometer la capacidad de la EPA de utilizar la ciencia más reciente, mejor disponible y generalmente aceptada, la coalición sostiene que la regla propuesta violaría las leyes federales que la EPA debe respetar, incluida la Ley de Agua Potable Segura, la Ley de Agua y Aire Limpios, la Ley de Respuesta Ambiental Integral, Compensación y Responsabilidad, Ley de Control de Sustancias Tóxicas y otros estatutos básicos de salud ambiental y pública.

La coalición también sostiene que la propuesta no cumple con los requisitos legales más fundamentales para una reglamentación válida conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Federal (APA), ya que es demasiado imprecisa, concluyente y condicional para permitir una participación pública significativa. Por ejemplo, los parámetros reales de la regla no son claros, las alternativas consideradas son abiertas, y la información crítica, como su costo real, falta por completo. Además, la coalición acusa que la falta de la EPA de consultar con expertos científicos -incluida su propia junta asesora interna de ciencia- entra en conflicto con el requisito fundamental de la APA de que una agencia que desarrolle una regla propuesta consulte con personas con experiencia en el tema de la propuesta.

Los comentarios también rechazan las afirmaciones de la EPA de que la regla propuesta no afectaría a Nueva York y otros estados. Los estándares y regulaciones de la EPA son de fundamental importancia para los estados, y las acciones que limitan la ciencia utilizada para establecer estándares y regulaciones los impactan directamente. Por ejemplo, los estándares de la EPA, como los estándares nacionales de calidad del aire ambiental, no solo forman la columna vertebral de los esfuerzos de Nueva York para garantizar la calidad de nuestro aire, agua y tierra, y proteger la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros residentes, sino también sirven de barrera para evitar que la contaminación proveniente de fuentes fuera del estado socave nuestros esfuerzos. Incluso aquellos estados que no están obligados a aplicar las normas federales no siempre tienen la capacidad institucional para desarrollar sus propios estándares y, por lo tanto, deben confiar en los estándares establecidos por la EPA.

En mayo de 2018, Nueva York, encabezando una coalición de fiscales generales de ocho estados, escribió al entonces administrador Pruitt, instándolo a retirar la regla propuesta. La carta lo instó a convocar un proceso para consultar con la Academia Nacional de Ciencias y otros científicos independientes y organizaciones científicas antes de decidir si alguno de los cambios propuestos para el uso de la evidencia científica por parte de la Agencia estaba en orden.

A principios de esta semana, la Fiscal General Underwood encabezó una coalición de 13 fiscales generales y agencias estatales al solicitar a la EPA que retire su propuesta de revisión de cómo la Agencia valora las protecciones ambientales y de salud pública. Unido a ese esfuerzo, y la decisión del ex administrador Pruitt que prohíbe a muchos de los expertos más calificados formar parte de los paneles asesores científicos de la EPA, la propuesta de censura científica de la EPA es parte del esfuerzo continuo de la Administración Trump para socavar los cimientos de la protección de la salud pública.

Este asunto está siendo manejado para la Fiscal General Underwood por el Fiscal General Adjunto Especial Gavin McCabe, la Científica Principal Jodi Feld, la Científica Ambiental Linda Wilson, y el Asesor de Políticas Peter C. Washburn. La Oficina de Protección Ambiental está dirigida por el Jefe de la Oficina, Lemuel M. Srolovic, y es parte de la División de Justicia Social, que está dirigida por el Fiscal Adjunto Ejecutivo para la Justicia Social, Matthew Colangelo.