San Juan, (Prensa Latina) Hay bases suficientes para iniciar un proceso de residenciar al gobernador Ricardo Rosselló, según arrojó hoy un análisis jurídico de una comisión del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Caapr).

Los eminentes juristas Eduardo Villanueva, Yanira Reyes y Carlos Iván Gorrín, encomendados por el Caapr para este proceso, encontraron la posible comisión de varios delitos en la participación durante 50 días del gobernador Rosselló en el chat de Telegram con una docena de asesores y allegados, incluido el licenciado Elías Sánchez, quien no desempeñaba ninguna función pública.

El documento establece las bases de una conducta impropia, posiblemente delictiva y depravada en la que incurrió Rosselló, explicó el presidente del Caapr, Edgardo Román, quien envió copia al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, y a todos los legisladores de Puerto Rico.

Aclaró que la destitución del gobernador tiene que ser sobre la base de lo que establece la Constitución de Puerto Rico, a la vez que hizo la distinción de que se trata de un juicio político, no criminal, el cual debe iniciarse en la Cámara de Representantes.

'El gobernador se ha aferrado a su silla pero todos hemos sido testigos del clamor del pueblo, por lo que resta es iniciar el proceso de residenciar o destitución, que es el mecanismo disponible', respondió Román a preguntas de un periodista.

Los posibles delitos cometidos por el mandatario van desde conspiración, malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito pues ha insistido en que se trataba de un chat privado en horas laborables, hasta recopilación ilegal de información con relación a la intención de sacar de su puesto de carrera a la esposa del senador Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño.

También está el delito de incitación a la violencia, ya que en el intercambio de mensajes se establece que estaban 'salivando por caerle a tiros' a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, del opositor Partido Popular Democrático, quien buscará la gobernación en las elecciones de noviembre de 2020.

'En medio de la debacle económica histórica que atraviesa nuestro país y la crisis humanitaria desatada por la pobre atención de los gobiernos tras los efectos del huracán María, es terrible para el pueblo enfrentar las acusaciones de corrupción por el saqueo de fondos públicos y la conducta impropia, posiblemente delictiva y depravada, en la que incurrió el gobernador', subrayó Román.

Al subrayar el deterioro socio-económico y el menoscabo democrático con la presencia de la Junta de Control Fiscal, el líder de los abogados colegiados urgió a la Cámara de Representantes a cumplir con su deber constitucional de iniciar el proceso de residenciar a Rosselló.

'Es necesario finalizar este capítulo para redirigir al país hacia la recuperación de su economía, los servicios esenciales afectados y la gobernanza efectiva y confiable', añadió el líder de los abogados.

Se explica en el documento que el proceso está basado en el poder que brinda la Constitución de Puerto Rico a la rama legislativa, basado en causas específicas que están limitadas a la traición, el soborno, delitos graves o delitos menos graves que impliquen depravación.

Esto no excluye otras posibilidades, ya que el análisis del chat evidencia incidentes que requieren mayor investigación ante la posible participación del mandatario en la comisión de delitos públicos.