SANTO DOMINGO RD .-El Consejo de Defensa del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez negó categóricamente que su representado haya alcanzado algún acuerdo o negociación con el Ministerio Público en el marco del caso Medusa y aseguró que las recientes declaraciones sobre supuestos pactos buscan desviar la atención del debate que deberá resolver el tribunal sobre la solicitud de extinción del proceso.

A través de un comunicado, los abogados de Rodríguez sostuvieron que actualmente existe una solicitud de extinción que deberá ser decidida conforme a la ley y cuestionaron que el Ministerio Público intente trasladar la discusión hacia las imputaciones de fondo del expediente, las denominadas “34 líneas de investigación”, el supuesto “blindaje” del caso y presuntos acuerdos.

“No existe ningún acuerdo ni negociación por parte de Jean Alain Rodríguez. Quizás el Ministerio Público esté confundiendo este proceso con otros casos en los que sí se han discutido acuerdos, como el que se rumora respecto al caso SENASA”, afirmó el Consejo de Defensa.

La posición de los abogados se produce mientras el proceso judicial se acerca a una decisión sobre la solicitud de extinción presentada por la defensa, que sostiene que el expediente ha superado el plazo máximo legal para la persecución penal.

De acuerdo con el Consejo de Defensa, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional deberá decidir el próximo lunes 17 de agosto si corresponde declarar extinguida la acción penal, debido a que el proceso alcanza casi seis años, mientras que la defensa sostiene que el artículo 150 del Código Procesal Penal establece un límite máximo de cuatro años.

Los abogados consideran que esa es la cuestión jurídica que debe concentrar la atención del tribunal y no las acusaciones de fondo que ya forman parte del expediente.

El Consejo de Defensa argumentó que tres decisiones de distintos tribunales, incluida la sentencia número 059-2023-SRES-00003 del Tercer Juzgado de la Instrucción, determinaron que las dilaciones del proceso no eran atribuibles a Jean Alain Rodríguez y que los retrasos fueron generados por el Ministerio Público.

La defensa enumeró como parte de esas dilaciones una investigación que, según afirma, se extendió durante dos años; solicitudes de prórroga; intimaciones para depositar la acusación; entrega tardía de documentos; desacato de decisiones judiciales y la presentación de una acusación de más de 12,000 páginas.

También cuestionó la entrega de un disco duro que, según sus abogados, presentaba defectos y contenía unos 3,000 supuestos medios de prueba y 666,000 archivos, además de elementos que, aseguran, pertenecían a otros procesos.

“De eso es que deberían hablar: de una pobre investigación de dos años; de haber solicitado prórrogas; de haber sido intimados a depositar la acusación; del ocultamiento y entrega tardía de documentos; del desacato de sentencias; de haber construido una acusación de más de 12,000 páginas”, sostuvo la defensa.

La negativa de la defensa ocurre después de que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmara que Jean Alain Rodríguez sí habría intentado llegar a un acuerdo con el Ministerio Público durante el proceso.

Reynoso aseguró que la propuesta fue presentada por escrito y que el órgano persecutor decidió rechazarla. La procuradora explicó que no ofrecería detalles sobre el contenido de esa propuesta debido a las disposiciones del Código Procesal Penal sobre las negociaciones que finalmente no llegan a concretarse.

“El Ministerio Público nunca le ofreció acuerdo a ese señor; ese señor sí le ofreció acuerdo al Ministerio Público y lo hizo por escrito”, afirmó Reynoso, según reportes publicados este jueves.

La defensa, sin embargo, sostiene que no existe ningún acuerdo ni negociación de parte de Rodríguez, por lo que rechaza que ese tema sea utilizado para desviar el debate sobre la extinción del proceso.

Jean Alain Rodríguez fue procurador general de la República entre 2016 y 2020 y es el principal imputado en el expediente conocido como Operación Medusa, uno de los procesos de corrupción administrativa de mayor repercusión en República Dominicana.

El Ministerio Público lo acusa, junto a otras personas físicas y empresas, de presuntos actos de corrupción relacionados con su gestión al frente de la Procuraduría General de la República. Entre las imputaciones figuran presunto desfalco, soborno, estafa contra el Estado, asociación de malhechores y lavado de activos.

El órgano acusador sostiene que el supuesto entramado habría provocado un perjuicio al Estado superior a RD$6,000 millones. Rodríguez ha rechazado las acusaciones y mantiene una defensa judicial frente a los señalamientos.

El expediente de acusación supera las 12,000 páginas y el proceso involucra también a otros imputados. La acusación fue enviada a juicio de fondo en 2023 y posteriormente pasó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Mientras ambas partes mantienen posiciones enfrentadas sobre la existencia de una propuesta de acuerdo, el punto que deberá resolver el tribunal es la solicitud de extinción planteada por la defensa.

Los abogados de Rodríguez sostienen que el proceso ha permanecido abierto durante casi seis años y que el Estado no puede trasladar al imputado las consecuencias de las dilaciones que, según afirman, fueron provocadas por el Ministerio Público.

“Ya desmontamos esas 34 imputaciones y lo haremos cuantas veces sea necesario. Pero ese no es el debate que debe distraer hoy al país. La pregunta es mucho más sencilla: ¿puede el Estado mantener durante casi seis años un proceso para el cual la ley estableció un límite máximo de cuatro?”, cuestionó el Consejo de Defensa.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene previsto pronunciarse el lunes 17 de agosto sobre la solicitud de extinción, una decisión que podría determinar la continuidad del proceso judicial contra Rodríguez y los demás imputados del caso Medusa.