Santo Domingo RD.- La empresa Fábrica Cartesa rechazó las acusaciones de irregularidades que motivaron la clausura de sus instalaciones en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, y aseguró que se encuentra legalmente constituida en República Dominicana, con sus registros comercialevigentes y sus obligaciones tributarias al día..

Mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, la compañía cuestionó el procedimiento realizado el pasado 29 de octubre por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), y negó que sus instalaciones funcionaran como una fábrica clandestina.

La reacción se produce luego de que el MICM informara sobre la clausura de una fábrica de cartón operada por ciudadanos de origen asiático, debido a supuestas violaciones de las disposiciones sobre uso de suelo, autorizaciones comerciales y almacenamiento de combustibles.

Según la información difundida por las autoridades, durante el operativo se desmanteló un depósito irregular de combustible, donde fue ocupado un tanque con capacidad para 5,000 litros y se retuvieron 1,000 galones de gasoil. 

El operativo contó con la participación de la Dirección General de Migración y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed). 

Esta última institución dispuso la paralización de las obras por presuntas violaciones a la Ley 687-82, mientras que Migración verificó la situación de los trabajadores extranjeros.

Sin embargo, Cartesa sostiene que no es una empresa clandestina, sino una sociedad de inversión mixta constituida conforme a las leyes dominicanas, con Registro Mercantil vigente, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) y pago de impuestos al día.

Sobre el combustible encontrado en sus instalaciones, la compañía explicó que estaba destinado exclusivamente al funcionamiento de su planta eléctrica y equipos industriales, no a la comercialización ni al almacenamiento para terceros.

Indicó que desde octubre de 2025 mantiene un contrato de suministro de combustible con la empresa Dominican Energy and Services, S.A., mediante el cual recibía el producto para sus operaciones.

La empresa también rechazó los señalamientos sobre contratación irregular de extranjeros y afirmó que los cuatro ciudadanos chinos que se encontraban en las instalaciones al momento de la intervención tenían visados vigentes hasta 2027.

En relación con los permisos de construcción y uso de suelo, Cartesa sostuvo que había documentación pendiente de entrega y que el 30 de octubre, a las 9:00 de la mañana, tenía previsto completar parte del proceso. 

Aseguró que no había recibido una notificación formal de rechazo de los documentos presentados.

La compañía también cuestionó el procedimiento de clausura. Según su versión, el 29 de octubre, a las 9:00 de la mañana, se presentó en sus instalaciones un teniente coronel adscrito al CECCOM, quien no se identificó formalmente y cuya chaqueta solamente tenía el nombre «Alberto».

Agregó que el funcionario regresó a las 4:00 de la tarde acompañado de representantes de la Dirección General de Migración y del MIVED. La empresa afirmó que la intervención se realizó sin una orden judicial y sin la presencia del Ministerio Público.

Otro de los puntos planteados en el documento es la supuesta existencia de presiones por parte de empresas competidoras del sector cartonero. 

Cartesa aseguró que desde agosto recibe visitas de drones que, según denuncia, sobrevuelan sus instalaciones y afectan su privacidad.

La compañía señaló que conoce cuáles serían las cuatro empresas fabricantes de cartón que, según su versión, estarían detrás de las acciones en su contra y que buscarían mantener el control del mercado dominicano.

De igual modo, denunció que personas se habrían presentado en sus instalaciones haciéndose pasar por vendedores y que algunas de ellas serían gerentes de clientes que posteriormente habrían pretendido diversificar sus relaciones comerciales.

Cartesa manifestó que sus operaciones representan una inversión que genera empleos y contribuye a la actividad económica nacional. También sostuvo que busca competir en igualdad de condiciones con otras empresas del sector y rechazó cualquier intento de establecer monopolios en el mercado cartonero.

La clausura de la fábrica ha generado pronunciamientos diplomáticos. 

El Gobierno de Estados Unidos respaldó la actuación de las autoridades dominicanas, mientras que la Embajada de China cuestionó las declaraciones estadounidenses y advirtió sobre el peligro de generalizar acusaciones contra los empresarios de esa nacionalidad.

La empresa concluyó su comunicado reiterando su disposición de cumplir con las leyes dominicanas y defender la libre competencia y la estabilidad de las inversiones en el país.

«Son incumplidores»: ministro de Trabajo acusa a empresarios chinos de violar las normas en RD

Santo Domingo RD .- El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, afirmó que una parte importante de los empresarios chinos que han llegado a República Dominicana incumple las normas laborales y advirtió que el Gobierno continuará aplicando sanciones a los establecimientos que violen las disposiciones legales.

“Los empresarios chinos tienen que cumplir, tienen que entender que aquí hay normas que hay que cumplir y ellos son incumplidores”, expresó el funcionario al referirse a las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo en establecimientos comerciales y empresas de capital extranjero.

Olivares sostuvo que la seguridad y la salud en el entorno laboral constituyen garantías innegociables, independientemente de la nacionalidad de los propietarios de las compañías

“Algo que es innegociable para nosotros, tratándose de empresas de capital nacional o de cualquier otra nación, es la garantía de la seguridad y la salud en el trabajo, que es un derecho fundamental, es un derecho constitucional de los trabajadores, trabajar en un entorno seguro” manifestó.

El funcionario aseguró que las autoridades mantienen operativos de inspección en distintos puntos del territorio nacional y que cientos de establecimientos comerciales han sido sancionados por incumplir las disposiciones vigentes

«Nosotros continuamos y regularizamos situaciones en todo el país, van cientos de tiendas en todo el país (penalizadas) porque no cumplen y tienen que entender que tienen que cumplir», agregó.

Olivares ofreció dichas declaraciones al ser cuestionado, en el programa Matutino El Despertador, de SIN, por la clausura de Fábrica Cartesa, una empresa de cartón de capital chino ubicada en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, donde las autoridades desmantelaron un depósito irregular de combustible.

El operativo, realizado el pasado 29 de octubre por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), permitió ocupar un tanque con capacidad para 5,000 litros y retener 1,000 galones de gasoil.

Tras la intervención, Cartesa rechazó las acusaciones de irregularidades y aseguró que opera legalmente en el país, con sus registros comerciales vigentes y obligaciones tributarias al día. También sostuvo que el combustible estaba destinado al funcionamiento de su planta eléctrica y equipos industriales, no a la comercialización.

El caso ha generado además pronunciamientos diplomáticos. Mientras Estados Unidos respaldó las actuaciones de las autoridades dominicanas, la Embajada de China cuestionó las declaraciones estadounidenses y advirtió sobre el riesgo de generalizar acusaciones contra empresas de esa nacionalidad.