Nueva York, EEUU.- La demanda de un inmigrante dominicano contra la Ciudad de Nueva York y cuatro agentes del Departamento de Policía (NYPD) por un arresto falso y acusación maliciosa en un incidente ocurrido hace más de tres años en Brooklyn, podría tener implicaciones mucho más allá de su caso de derechos civiles.
 
Héctor Cordero, de 58 años y originario de República Dominicana, acusa a cuatro oficiales de una unidad especial de narcóticos de arrestarlo y acusarlo injustamente con el fin de cobrar horas de trabajo extra de manera fraudulenta. De comprobarse la denuncia, el juez a cargo del caso, Jack Weinstein, indicó que tras concluir el juicio en curso examinaría si existe una práctica generalizada de testimonios falsos en la Uniformada.
 
Los oficiales incluidos en la demanda son Hugo Hugasian, Peter Rubin y John Essig del cuartel 83, así como su supervisor, el teniente Christopher Moran.

Los hechos

El arresto de Cordero, quien no tiene antecedentes penales y era un policía en su país natal antes de emigrar a Estados Unidos, ocurrió en las primeras horas de la tarde el 24 de octubre de 2014 cuando se encontraba trabajando como cajero en la bodega J&C Mini-Market en Brooklyn. Según la demanda, ese día el oficial Hugasian se encontraba solo en un vehículo realizando observaciones encubiertas cuando vio a un hombre hispano, luego identificado como Matthew Ninos, acercarse a la bodega con un celular en el oído. Fue allí que otro individuo salió del establecimiento, se acercó a Ninos y, según Hugasian, le entregó lo que pareció ser dos bolsitas a cambio de dinero.
 
El oficial dio parte de lo que había visto por radio y agregó que el vendedor había vuelto a ingresar a la bodega. Moran y otro oficial entonces respondieron al llamado de Hugasain y arrestaron a Ninos, incautándole 1.138 gramos de cocaína. Rubin y Essig también recibieron los reportes de radio y se acercaron a la tienda. Para este entonces Hugasain ya se había ido así que le pidieron que volviera para identificar al vendedor. Así lo hizo el oficial, indicando que se trataba del bodeguero que estaba detrás del mostrador. Fue entonces que Rubin y Essig arrestaron a Cordero.
 
Al ser detenido y registrado, el dominicano no tenía drogas ni parafernalia consigo, y lo que sí le encontraron fueron casi $600. Cordero explicó que usualmente llevaba efectivo en su bolsillo por si se presentaba alguna emergencia, y aseguró que el día del incidente no salió de la bodega hasta que los policías se lo pidieron y lo arrestaron, y niega que hizo alguna venta de drogas.
 
Fausto Tineo, dueño del establecimiento y quien estuvo presente el día de los hechos, testificó que Cordero se mantuvo en la tienda en todo momento. Entre tanto, Ninos se declaró culpable de posesión de drogas sin señalar que hubo alguna transacción de narcóticos aquella tarde de octubre de 2014.
 
Cordero fue arrestado bajo cargos de posesión y venta delictivas de una sustancia controlada en tercer grado y posesión de una sustancia controlada en séptimo grado, pero nunca fue acusado formalmente y el 4 de marzo de 2015 fue absuelto de todos los cargos en su contra.

Mafia de horas extra

El escuadrón de narcóticos del cuartel 83 recibió pago por más de 20 horas extra por los arrestos y procesos de Ninos y Cordero. De acuerdo con la demanda, el NYPD es consciente desde hace mucho tiempo de una práctica generalizada de arrestos falsos en las últimas horas de los turnos de los agentes con el fin de cobrar horas extra, y que no ha tomado medidas para abordar esta práctica, supervisar o disciplinar a los policías.
 
El agente Hugasain, en particular, tiene antecedentes de falsificar tiempo extra y varios juicios en su contra por arrestos falsos. El martes, en una audiencia del juicio, Hugasain reconoció haber falsificado horas extra cuatro veces en el pasado, previo al caso de Cordero.
 
Philip DePaul, un bogado de la Ciudad, dijo en la corte que los agentes tuvieron razones para hacer el arresto, señalando el efectivo que Cordero llevaba consigo. Dijo también que Cordero borró parte de las grabaciones de una cámara de vigilancia de la bodega.
 
Fuente: El Diario, que intentó conseguir comentarios de los abogados de la Ciudad, pero las solicitudes no fueron contestadas.