LIMA (AP) — Los centros de votación abrieron el domingo en Perú para elegir en un balotaje a un nuevo presidente entre dos candidatos en las antípodas ideológicas en unos comicios donde la principal preocupación de los peruanos es la ola de crimen que azota al país andino.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, dijo en una declaración a la prensa que millones de peruanos comenzaron a acudir a las urnas. “El sistema electoral ya está listo para esta fiesta electoral. Todo el despliegue del material electoral ha sido fiscalizado y podemos garantizar que el 100% del material electoral ya ha llegado a los locales de votación”, aseguró.

En la boleta electoral escogerán entre la conservadora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y el nacionalista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, que llegan en un empate técnico según los sondeos y en medio de un elevado número de indecisos. Quien gane gobernará por cinco años desde el 28 de julio, el día de la fiesta nacional.

Más del 70% no votó por ninguno de los dos en la primera vuelta de abril. Fujimori sumó 17,18% mientras que Sánchez 12,03%. En las encuestas disponibles de fines de mayo ambos candidatos cosechaban un elevado nivel de rechazo: 40% de entrevistados indicó que no votaría por Fujimori y 38% dijo no lo haría por Sánchez, según un sondeo de la firma Ipsos Perú con un margen de error de 2,8 puntos porcentuales.

En Perú está prohibido por ley difundir encuestas durante la semana previa al balotaje.

Los que se oponen a Fujimori la relacionan con la herencia autoritaria y de corrupción del gobierno de su padre, mientras los cuestionamientos a Sánchez apuntan al temor de su alianza con Castillo, percibido como corrupto y caótico. En la breve gestión de 16 meses de Castillo hubo más de 70 cambios ministeriales 

Las propuestas de los candidatos

En su cuarta postulación para conquistar la presidencia, Fujimori, de 51 años, ha prometido un gobierno firme para acabar con las extorsiones que agobian a miles de peruanos y mantener las inversiones de todo tipo incluidas las de capitales internacionales.

La madre independiente de dos adolescentes aseguró que gobernaría solamente cinco años con un equipo ministerial compuesto por los mejores especialistas con el fin de recuperar “el orden” con respeto a la constitución y al banco central para evitar la inflación. Fujimori ha calificado a Sánchez como “el caos”. 

Por su parte, Sánchez, ha indicado que una eventual gestión suya estará abierta a las inversiones internacionales, incluidas las de Estados Unidos y China, aunque dijo que buscaría renegociar los contratos de extracción de recursos naturales, en especial los de minerales y gas natural.

El nacionalista también ha criticado a Fujimori y ha indicado que ella se ha querido vender como “la señora del orden”, pero recordó que la bancada fujimorista impulsó varias normas conocidas como las “leyes procrimen” que favorecen a la criminalidad y dificultan el trabajo policial.

Esas normas eliminan la detención preliminar en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.

Sánchez ha señalado que su primera acción, en caso de ganar el balotaje, será unir votos con otros partidos políticos para derogar esas leyes.

Según datos oficiales, la criminalidad ha avanzado el último quinquenio en Perú, en especial las extorsiones que se han quintuplicado y los asesinatos que se han duplicado.

La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings sostuvo que una victoria de Fujimori “impulsaría la inversión privada y la ejecución de proyectos”, mientras que si gana Sánchez “aumentaría la incertidumbre sobre impuestos, regalías, estabilidad contractual e intervención estatal”.

Sin embargo, destacó que “independientemente de quién gane” los problemas de gobernabilidad de Perú — que vio pasar ocho presidentes en una década — y la composición del Congreso bicameral, en el que ningún partido tiene mayoría, “limitarán la capacidad del próximo gobierno” para impulsar reformas claves.

Pese a los problemas políticos, el banco central ha logrado mantener una inflación acumulada anual en 2025 de 1,5%, una de las más bajas del mundo.