En ocasiones a veces odio tener la razón, más aún cuando de por medio se encuentran involucradas personas inocentes. Gente, a quienes cuyas honra, reputación e imagen han sido afectadas, convertidas en trapos de por vida gracias a que veces pasamos por alto que algunas notas periodísticas violan principios básicos del derecho humano y la presunción de inocencia.

Es cierto que un periodista o comunicador no puede esperar una sentencia de un juez para darle a conocer a la comunidad una noticia de interés colectivo, principalmente cuando por una razón u otras esas personas estén implicadas en un crimen horrendo con más preguntas que repuestas.

Traigo este tema a colación debido a que recientemente un juez decidió dictar un “No ha lugar” a los profesores Luis Amauris Féliz y Sandro Féliz Santana por no existir indicios de culpabilidad en el crimen de la profesora Lenny Féliz y Féliz. Al principio de agosto del año pasado escribí un artículo titulado “¿Ligereza policial en el caso de la maestra asesinada? ¡Cuidado con dañar reputaciones!”.



En este artículo advertía a los colegas comunicadores tener cautela al momento de escribir sobre este caso para no dañar la reputación de los imputados y sobre todo, no dar por bueno y válido la supuesta “confesión” del profesor Fernando Carrasco Roque (Chito), ya que este crimen se había convertido en todo un espectáculo, lleno de morbo, contaminado desde el principio por la policía en Barahona por haber aportado datos confusos a la prensa.

Hoy, los profesores Luís Amauris Féliz y Sandro Féliz podrían salir de la cárcel (si no han salido ya) libres e inocentes de un crimen que nunca estuvieron involucrados, pero con su reputación hecha añicos y desempleados, esto así, porque el Ministerio de Educación no esperó una sentencia para establecer su culpabilidad o inocencia, lo cual constituyó una fragante violación al estado de derecho. ¿Quién resarcirá a estos dos hombres del daño moral y físico al implicarlos en un horrendo crimen?

Considero que Educación debe devolverle sus antiguos empleos, sería un acto de justicia. No soy abogado, pero considero también que, en caso contrario, los profesores tienen sobrada razón de someter al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estas cancelaciones fueron ilegales, injustas y discriminatorias. Con su cancelación se violentó la presunción de inocencia y todos los derechos o garantías constitucionales.

En cuanto a nosotros, los comunicadores, este caso nos sirve de experiencia. De ahora en adelante debemos entender que en la democracia la libertad de expresión tenemos que armonizarla con los derechos procesales de las victimas e imputados, evitando convertir casos similares en un “juicio mediático” donde al final se pierde los más importante; La verdad.

Debemos entender que la función de un periodista o comunicador no es juzgar, sino brindarle a la ciudadanía información oportuna, creíble e imparcial, respetando los derechos de los ciudadanos
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Al final nadie pierde.No se daña a nadie.