Es evidente que el presidente Luis Abinader está seria y valientemente decidido a enfrentar los engorrosos entuertos dejados por la administración peledeísta—que son muchos y complejos—para cuyo propósito debe adoptar medidas heroicas.

Sin embargo, esas medidas tienen que ser equitativas, es decir, que afecten a todos por igual y no a algunos como parece ser la determinación, conforme lo enseñado hasta la fecha.

Para muestra uno de varios botones. Este “botón” consiste en lo que parece ya una decisión tendente a la concentración de la publicidad gubernamental en el Palacio Nacional, un experimento cuyos resultados han sido catastróficos tanto en la República Dominicana como en otros países cuando se ha puesto en vigencia.

Al parecer, el mandatario se ha dejado perforar por un discurso recurrente de que la publicidad estatal es un dispendio y como tal puede y debe ser suprimida y dedicar esos recursos a la compra de alimentos para los pobres, como si “los pobres” no dispusieran ya de múltiples programas asistenciales.

Sin embargo, ese discurso lo sustenta gente en redes sociales que nunca ha sacado una gata al patio, o dirigentes empresariales cuyos negocios no se publicitan, bien porque "no lo necesitan—craso error—o ya sea porque su tacañería les hace creer que la publicidad es un gasto y no una inversión.

En el caso del Estado, éste no debería seguir ese discurso pues su aplicación sería un atentado contra el sustento de cientos de familias que dependen de un micro negocio comunicacional que maneja un programa de radio, televisión o un medio digital para sobrevivir.

Ese sector periodístico, que vive agarrado de un clave ardiente, no tiene cabida en los medios de comunicación tradicionales, ya que en estos se ha acentuado en los últimos años un sistemático recorte de personal, decisión motivada por diversos factores, uno de los cuales tiene que ver, precisamente, con la reducción de la publicidad privada.

Significa que cientos de periodistas han tenido que valerse de sus propios medios para ganarse el sustento de sus familias, los que sólo tienen el amparo del Estado para apenas mantenerse, y si el Gobierno decide eliminar o reducir al mínimo ese capítulo o pasarlo al manejo discrecional de una agencia, están condenados a desaparecer.

El Estado tiene la obligación moral—como en otros países—de contribuir al sostenimiento de los medios de comunicación que representan un puntal muy importante en el soporte de la democracia, de suerte que no se puede ver en la colocación de anuncios estatales un regalo o la intención de comprar voluntades mediáticas.

Que el Gobierno decida reorientar la publicidad, es otra cosa, y hasta cierto punto pudiera ser una medida necesaria, sobre todo después de la experiencia que se tuvo en la pasada administración, cuando la promoción de las acciones gubernamentales se convirtió en un elemento de corrupción y de chantaje para doblegar la voluntad de medios y periodistas o pagar favores en demasía a adeptos o amanuenses. En ese caso creo que nadie se opondría de forma sensata.

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